Luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara en el consejo de ministros a la directora del Dapre y al ministro de Minas y Energía Edwin Palma actuar “de inmediato” frente a la orden de un juez de embargar las cuentas del Gobierno por deuda con EPM, este martes el titular de esa cartera se pronunció.
En su cuenta de X comenzó diciendo que “las cuentas de la nación son inembargables”, por lo que se convierte en un “argumento suficiente para impugnar la decisión”.
Además, el ministro de Minas y ex agente interventor de Air-e replicó lo dicho por el jefe de Estado: “Esta es una maniobra política y electoral si se quiere decir. El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política”, sostuvo.
Palma reconoció que aunque deudas al sector, las filiales de EPM han recibido el 85 % de los pagos: “Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos. Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos”, puntualizó.
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En su mensaje, el ministro aprovechó para criticar la gestión de Afinia que opera en cuatro departamentos del Caribe: Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre: “El gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía”, cuestionó, al afirmar que los pagos que ha recibido EPM “no se han traducido en buen servicio”.
Y concluyó que “si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos. Porque durante mi paso por Air-e, EPM no se mostró nada generoso con los usuarios que atiende esa compañía. Teniendo energía en exceso. Presionando las tarifas al alza en contra de los usuarios. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño”.
Cabe recordar que este 10 de marzo el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno Nacional, debido a las deudas que tiene con Empresas Públicas de Medellín (EPM) por concepto del pago de los subsidios de servicios públicos para estratos 1, 2 y 3.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia y aseguró que la empresa antioqueña intentó “abrir canales de diálogo”; sin embargo, no obtuvieron respuesta.
Frente a esto, el primer mandatario aseguró que él tiene “la función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasa por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente”, enfatizó.
