A través de un comunicado a la opinión pública, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, dio a conocer que fue notificado de la decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá de embargar las cuentas del Estado.
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Al respecto señaló que: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha sido notificado de un proceso ejecutivo y que, según información difundida en medios de comunicación, se habría ordenado el embargo de cuentas de la Nación”.
Guevara insistió en que las cuentas de la nación y los recursos públicos son inembargables. “Reiteramos que la inembargabilidad de los recursos públicos está protegida por la Constitución y la normativa presupuestaria, garantizando su destinación exclusiva al cumplimiento de las funciones del Estado”.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la solicitud del desembargo se basa en el fundamento constitucional, que de acuerdo con el Artículo 63 de la Constitución establece que los bienes y recursos públicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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Además, señala el comunicado, con la normativa presupuestaria, que según el Artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y el Artículo 34 del Decreto 1523 de 2024 “reafirman que las rentas del Presupuesto General y los bienes de los órganos del Estado no pueden ser embargados. Además, establecen que cualquier servidor público que reciba una orden de embargo sobre estos recursos, incluidas las transferencias a entidades territoriales, debe iniciar los trámites para solicitar su desembargo”.
También se refiere a la garantía de continuidad. “Esta protección asegura que el Estado pueda seguir operando con normalidad y cumpliendo sus obligaciones esenciales en áreas como salud, educación y seguridad”.
En la comunicación también afirma que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará las gestiones necesarias para solicitar el desembargo inmediato, dado que la medida no se ajusta a lo establecido en la ley.
Cabe recordar que, de acuerdo con la decisión judicial, el embargo a las cuentas de la Nación obedece a una deuda pendiente con Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P., filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El monto de la deuda asciende a $41.654 millones de pesos en concepto de capital adeudado, además de $5.258 millones en intereses.
Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, recordó que “las filiales de EPM han recibido el 85 % de los pagos”, tras un acuerdo al que llegaron con los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía.
