Para el martes 18 de marzo está previsto que se declare día cívico para que los trabajadores tengan la posibilidad de asistir a las marchas en favor de las reformas del Gobierno o al menos eso es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro aunque no hay decreto que lo oficialice.
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Sea como sea ya varios alcaldes de las principales ciudades del país le han dicho que no acogerán el día cívico y que, por el contrario, las actividades en las entidades gubernamentales se desarrollarán de manera normal.
Esto, por supuesto, no ha caído muy bien en la Casa de Nariño pues va en contra de los planes del mandatario que ha llamado a las movilizaciones en todo el país para que se aprube la consulta popular con la que quiere que se aprueben las iniciativas legislativas que no terminan de prosperar en el Congreso.
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Uno de los primeros en pronunciarse fue Armando Benedetti, ministro del Interior, quien se fue lanza en ristre contra los alcaldes que no han anunciado que no acogerán este martes como día cívico.
“Esa marcha es en apoyo a la consulta. Y la consulta se da porque el Congreso de la República no quiere aprobar lo que tiene que ver con la reforma laboral”, señaló en Noticias Caracol al tiempo que recordó que uno de los principales objetivo es la aprobación de la laboral que continúa su trámite en el Senado, pero que está virtualmente hundida en la Comisión Séptima tras la radicación de una ponencia de archivo que tiene el apoyo de 8 legisladores, votos suficientes para archivarla.
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“Están haciendo política de que están con la clase dirigente y con la clase empresarial. Los alcaldes no les interesan los derechos colectivos y lo que quieren es golpear al presidente Petro”, agregó.
Y es que de momento los dirigentes de ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio y Santa Marta le han dado la espalda al día cívico. Mientras que Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, ha sido el único mandatario de una capital que ha indicado que sí lo acogerá.
Asimismo, afirmó que los funcionarios no están en la obligación de asistir a las marchas y que “es la voluntad de cada funcionario si quiere ir o no a trabajar”.
