La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción económica de $487.771.648 a Buena Vibra Eventos EU, organizadora del Jamming Festival, por múltiples incumplimientos en la planeación y divulgación de información del evento programado para 2022 y posteriormente cancelado.
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Entre las conductas sancionadas se encuentra la falta de comunicación oportuna sobre el aplazamiento del festival. Según la SIC, mientras la organización aseguraba en su página web que el evento se llevaría a cabo según lo previsto, los compradores de las entradas se enteraron de la cancelación un día antes a través de medios de comunicación.
Otra de las irregularidades detectadas fue la publicación de información imprecisa sobre los artistas confirmados. De acuerdo con el fallo de la Superintendencia, la organización no actualizó los listados de los artistas que cancelaron su participación y los mantuvo en la promoción del evento hasta el último momento.
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La SIC también señaló que Buena Vibra Eventos EU difundió publicidad del festival sin contar con el código único del espectáculo público de las artes escénicas (Pulep), exigido por la normativa vigente.
Adicionalmente, se determinó que los términos y condiciones para la venta de boletería contenían cláusulas abusivas, impidiendo a los consumidores solicitar la devolución del dinero en caso de cambios en la fecha o lugar del evento.
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Otra de las sanciones impuestas está relacionada con el incumplimiento de las órdenes impartidas por la SIC. La entidad informó que la organización no publicó información clara y suficiente sobre el cartel final ni sobre las modificaciones en el cronograma del evento. Asimismo, no remitió los documentos solicitados ni informó sobre las medidas adoptadas ante la cancelación.
Finalmente, la investigación determinó que la empresa continuó promocionando el Jamming Festival 2023 a pesar de las órdenes de la Superintendencia de cesar dicha publicidad, con el fin de evitar mayores perjuicios a los consumidores.
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Con esta decisión, la SIC busca reforzar la protección de los derechos de los compradores de eventos masivos y establecer precedentes en el cumplimiento de las normativas de información y transparencia en la industria del entretenimiento.
