Una alarmante denuncia sobre un abuso sexual en contra de una mujer se conoció en los últimos días. El caso ha alertado a las autoridades porque habría ocurrido dentro de un recinto carcelario y los presuntos responsables serían dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
Leer también: “El sistema de salud actual es insostenible porque se roban el dinero”: Petro en nuevo consejo de ministros
Se trata del testimonio de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años, quien relató que todo ocurrió en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
Según Semana, el relato de la mujer, conocido ya cuando estaba en la cárcel El Buen Pastor, a donde fue trasladada luego de su denuncia, todo empezó en junio de 2024, cuando fue remitida a la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) dentro del sitio, luego de que dos internas le cortaran el rostro con un arma blanca.
Andrea señaló que dos meses después de estar en la unidad “a medianoche ingresó un tipo sin chaqueta (...) cuando de repente me coge del brazo, me tira al planchón y me baja el pantalón de la pijama”. Contó que trató, con gritos y empujones, de detenerlo, pero no pudo. “Me empezó a gritar como un psicópata: ‘cállese, sapa’”.
Valdés indicó que el hombre regresó para amenazarla que si contaba algo, su vida corría peligro. Aseveró que intentó por varios medios denunciar la situación, pero que no pudo ante muchos obstáculos.
Pero todo no terminó ahí. Contó Andrea que “el 5 de septiembre, como a las dos de la madrugada, ingresa a mi celda otro sujeto a lo mismo. Entró más grosero y me decía: ‘cállate, hijue….’. Me tapaba la boca. Pensé que me iba a asfixiar. Me puso la mano en la garganta”.
En la declaración de la mujer se lee que días después, mediante una prueba casera, se enteró que estaba embarazada.
Más alertamente aún es lo que señala Andrea que ocurrió después de que se enteraran los directivos de la cárcel sobre su estado. Al parecer, el subdirector de la cárcel, Carlos Arturo Yepes, solicitó, sin permiso de ella, una cita con sanidad. En esta, de acuerdo al testimonio, se le preguntó en varias ocasiones si quería interrumpir el embarazo. Valdés aseguró que su no fue rotundo y esto habría molestado a la dirección del recinto.
Importante: Roy Barreras retira oferta de conciliación y arremete contra Luis Carlos Reyes: “No merece esa oportunidad”
La mujer narró que días después se empezó a sentir mal después del almuerzo. Por los síntomas tuvo que ser trasladada al Hospital General de Medellín, donde después de varios exámenes se descubrió residuos de Cytotec.
“Yo le conté todo lo que me pasó; el doctor encontró en los resultados residuos de Cytotec. Me dijo que era un método para interrumpir los embarazos”, se lee en la declaración.
Andrea fue trasladada, en la misma cárcel donde fue abusada sexualmente, al pabellón de gestantes. Después de intentar varias veces, pudo contarle su situación a una funcionaria de la Fiscalía. Sin embargo, antes de ser trasladada a otro recinto carcelario, recibió una llamada amenazante.
“Ya sabemos para dónde vas, vas para Picaleña, allá sí te vamos a cerrar el pico”, dijo la mujer que se escuchó en la llamada, justo antes de ser llevada a la cárcel Picaleña, en Ibagué.
Duró pocos días en Ibagué. En enero de este año fue trasladada a Bogotá, donde espera ser beneficiaria de la medida de casa por cárcel, por su embarazo y por el riesgo que corre su vida.
Andrea logró denunciar a los funcionarios a través de la Corporación Mujeres Libres. Por esto caso la Fiscalía adelantó investigaciones dentro de la cárcel El Pedregal, y la Procuraduría ya se reunió con representantes del Inpec y de la Defensoría del Pueblo.
De interés: Patrullera se hizo pasar por médica y trabajó varios meses en el Hospital Central de Bogotá
De acuerdo con Semana, la defensa de Andrea le envió una carta a la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, en este mes de marzo, para pedirle ayuda, para que se tomen medidas urgentes para proteger la vida de la víctima.
Andrea desde 2014 cumple una pena de 28 años por el delito de homicidio agravado. Su situación en cuanto a que pueda seguir su condena en prisión domiciliaria es complicada, pues según el Ministerio de Justicia, como respuesta a la carta, las cárceles están destinadas para la reclusión de personas condenadas.
