La investigación en contra del ex director del Dapre, Carlos Ramón González, por el presunto entramado de corrupción en la UNGRD avanza con nuevos movimientos, el Tribunal Superior de Bogotá autorizó su rastreo geográfico, financiero, migratorio, digital y tecnológico, incluyendo sus líneas telefónicas.
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Y ya van los primeros avances, mediante una carta dirigida a la empresa de telefonía Tigo, el subintendente Germán Guataqui Morales, perteneciente al Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública, solicitó información detallada de todos los movimientos hechos por el procesado con la línea móvil que adquirió con esa compañía en el año 2023.
En ese sentido, la división de la Policía solicitó datos biográficos, plan de telefonía celular, registro detallado de voz, mensajes de texto y voz, datos entrantes y salientes con identificación de las celdas con coordenadas en sus distintas caras, que sirvieron de conexión de llamadas, actividades de datos, IMSI, IMEl y MINES.
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La carta fue enviada a la empresa de telecomunicaciones el pasado 8 de marzo y contaban con solo cinco días para remitir dicha información que fue autorizada por un magistrado del despacho 022 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Luego de que se obtengan estos datos de quien fuera el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pasará a ser analizado de acuerdo a lo aportado.
Ya a mediados de marzo, la Fiscalía General de la Nación inició el rastreo de cuentas bancarias y celulares de González Merchán en el marco de la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
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A González lo señaló en ente acusador como la persona que en 2024 ordenó el pago de sobornos a dos importantes congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
Según reveló el pasado 3 de mayo el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, dinero de esa entidad se usó en 2023 para pagar millonarias coimas al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Ese dinero supuestamente se desvió del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.
