“El reto nacional es recuperar la gobernabilidad en los territorios”: Juan Carlos Monge

El costarricense Juan Carlos Monge, que desde enero de 2025 es el Representante Encargado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tiene claro que en el país desde hace varios años se llevan a cabo diferentes procesos para llevarle paz y soluciones a las comunidades más afectadas por el conflicto. Sin embargo, reconoce que las políticas estatales están aún lejos de tener más avances que retrocesos.

Lea también: Policía investiga millonario contrato en el que estaría vinculado supuesto allegado a hijo del general Salamanca

De acuerdo con el experto en DIH, en la región Caribe se vive un drama especial en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde dos grupos herederos del paramilitarismo, las ACSN y el Clan del Golfo, mantienen fuertes disputas por el control territorial, lo que ha generado afectaciones especialmente en el tejido social de comunidades campesinas e indígenas.

La situación de derechos humanos en el país en general tiene avances claramente y quisiera empezar por ahí: reconocer que a nivel de políticas públicas y elaboración de algunas medidas hay avances importantes y hay una apertura del gobierno colombiano hacia el multilateralismo.

Hay avances importantes también de ratificación de instrumentos internacionales como el acuerdo de Escazú, que tiende a proteger a los líderes ambientales y también promover lo que se llama una justicia ambiental. Ha habido avances en la implementación del acuerdo de paz de 2016, pero justamente sobre la implementación es donde tenemos las mayores preocupaciones.

No se avanza suficientemente rápido para implementar y lo que estamos viendo hoy, como lo dice el alto comisionado Volker Türk en su más reciente informe que se presentó aquí en Colombia el 24 febrero, lo que estamos viviendo hoy es el impacto de la violencia de estos grupos armados no estatales sobre la población civil.

Lea también: Legalizan captura de Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín

Y aquí tal vez empezaría antes de entrar al ámbito regional a mencionar algunas cosas. Hay avances otra vez, digo, en disminución de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, hay avances en otros indicadores, pero también hay preocupantes retrocesos.

Por ejemplo, si bien existe disminución, aunque esto no es una cifra nuestra, es más de nuestra agencia hermana OCHA, disminución de los desplazamientos, hay un aumento considerable de los confinamientos. Los confinamientos son una manifestación de la expansión y sobre todo de la consolidación del control territorial de estos grupos armados no estatales. Cuando el grupo tiene ya control, recurre a tácticas diferentes.

Y también hay una cifra preocupante o más bien una tendencia preocupante y es el aumento sostenido y vertiginoso, diría, del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Nosotros hemos registrado un aumento y un patrón que no tiene cuestionamiento, y es el aumento de los casos de reclutamiento.

Y esos son principalmente niños, niñas y adolescentes en comunidades rurales, principalmente pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y afrodescendientes y campesinas. Y estas cosas llaman la atención y lo que hemos visto estos días en el Cauca, 11 ataques casi simultáneos.

Lo que hemos visto en el Catatumbo en enero, en febrero o finales de enero en Chocó, son solamente llamados de atención sobre esos esfuerzos de prevención que están bien encaminados, pero que por ahora parecen no ser suficientes.

Es una región que vive un ritmo diferente y tal vez empezó antes el posconflicto y por eso no es tan comprendida. Y la violencia no es tal vez masiva, como uno lo ve en el Cauca, o en el Catatumbo, pero existen manifestaciones de violencia y existen temas de preocupación.

Y existen principalmente por esta disputa territorial entre grupos armados no estatales que son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia.

Lea también: La hipótesis que manejan las autoridades sobre asesinato de periodista María Victoria Correa en Envigado

Esto ha llevado a disputas que están orientadas a controlar los territorios, controlar las rutas, pero sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en particular tres de esos pueblos que habitan en la sierra que son el pueblo arhuaco, el pueblo kogui y el pueblo wiwa.

Me centraría más en los temas de manejo interno de estos tres pueblos y los posibles conflictos que pueda haber, me centro en el impacto que tiene esta violencia en la estructura social y en el tejido social de las comunidades.

Afortunadamente todavía no tenemos cifras astronómicas para decir que los homicidios son masivos, pero sí tenemos afectaciones importantes.

Y el año pasado empezó el desplazamiento de una comunidad wiwa, en total hubo más de 600 personas desplazadas por esta arremetida. Esto es por el esfuerzo de expansión de los dos grupos que empiezan a atentar, digamos, van por el control territorial van por el control social, imponen normas de convivencia, se lucran de manera ilegal de la actividad productiva y esto afecta no solamente a pueblos indígenas, sino también a algunas comunidades afrodescendientes y campesinas.

Hay afectaciones, como decía, desplazamiento, pero sobre todo hay también casos de homicidios de personas defensoras de los derechos humanos.

Incluso están los casos de reclutamiento que sabemos que existen, pero que son muy difíciles de documentar y ahí siempre va a haber un sub registro importante.

Lea también: Solicitan a Afinia velar por el suministro de energía de usuarios de especial protección

Pero no solamente es el uso, utilización de esas personas que son reclutadas con muchas tácticas, incluyendo lo que se denomina el enamoramiento de algunas de estas muchachas de pueblos indígenas que sufren de violencia basada en género, que sufren de violencia sexual, pero también sus familias y sus comunidades son amenazadas.

Hay otras afectaciones que tienen que ver con la forma de manifestar violencia y control y son hechos que no solamente son prohibidos por el derecho internacional humanitario, sino que además son condenables desde todo punto de vista.

Y es el uso de explosivos no tradicionales como balones bomba.

Sí, casualmente hemos registrado también homicidios en contra de personas defensoras de los derechos humanos, una persona en el sur de Bolívar el año pasado que recuerde principalmente.

Pero toda esta región está siendo impactada y tiene también coletazos de lo que pasa en otras regiones del país. El Catatumbo, digamos, el corredor Catatumbo tiene impacto en Cesar y hay un conflicto que también viene del sur de esta región y también empata con la situación en Magdalena Medio, claramente.

Hay expansión, hay combates, hay además una atomización de los grupos y esto hace que los conflictos entre los diferentes actores armados ilegales tengan un impacto cada vez mayor en la población civil. Y ahí quisiera recordar también una recomendación del Alto Comisionado Volker Türker y es que lo que debe haber –a propósito de procesos de diálogo y negociación– lo que debe tenerse presente y cuál debe ser el objetivo de cualquier intento de diálogo y negociación es la protección de la población civil.

Pero lo que estamos viendo es que no necesariamente en la existencia de diálogos o negociación –como el que existe sociopolítico con las autodefensas de la Sierra Nueva de Santa Marta– tiene un impacto positivo en la población civil y por el contrario sucede lo contrario.

Lea también: Asesinan a un líder social en Valle del Cauca: van 45 este año en el país

Por eso el alto comisionado pide que como prerrequisito para cualquier intento de diálogo o negociación el Estado debe garantizar su presencia sin restricciones en el territorio, de lo contrario se le está cediendo la función de proteger a la población a un grupo que está por otros intereses, que está por intereses económicos, que está por la extorsión, que está por las rentas ilegales y por actividades ilícitas.

Creo que hay muchas verdades en esto y es que desde el inicio la violencia si bien es menos visible...existe.

Probablemente no tengamos el impacto o la cantidad de homicidios y de ataques y de confrontaciones que existen en el Cauca o el Catatumbo, pero existen.

Y vuelvo ahí a un tema que es una buena noticia, digamos, que el impacto no sea tan elevado es una buena noticia porque significa que todavía hay trabajo de prevención que se puede hacer, y que si se hace de manera adecuada podríamos ayudar todos a contener estas manifestaciones de violencia que existen.

Una vez más digo: si se hace de manera oportuna se pueden lograr mejores resultados que en territorios que se encuentran ya, digamos, totalmente en las manos de algunos de estos grupos donde se ha consolidado su expansión.

Creo que tal vez también es mucho más visible lo que pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta porque también es más grave.

Y hay grandes desafíos aquí, hay esfuerzos de prevención como lo es la investigación y ahí hemos estado apoyando el trabajo que hace la Fiscalía General de la Nación, que sobre todo en los últimos meses ha entendido que tiene que tratarse la Sierra Nevada de Santa Marta como una unidad.

Y ahí hay un llamado también a la Defensoría del Pueblo. Aunque la entidad identificó como zonas prioritarias de atención a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, sería bueno hacer un tratamiento y revisar todas esas alertas anteriores y unificarlas en una sola alerta sobre la Sierra Nevada de Santa Marta con un enfoque integral para abordar los cuatro pueblos de la Sierra en los tres departamentos y tener una lectura compartida, así como estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de varios representantes de la comunidad internacional que nos han acompañado.

Probablemente estemos este año –hacia la mitad de mayo más o menos– haciendo otro esfuerzo de visibilización y sobre todo de evaluación de los avances de esas investigaciones, que son una medida de prevención.

En la medida que se investiguen, se sancionen y se juzguen adecuadamente a los responsables de estas manifestaciones claras de violencia en la región, eso puede ser un mensaje poderoso que puede disuadir a otros de seguir actuando de esa manera.

Yo creo que para no entrar en mucho detalle, sí creo que las regiones PDET y las regiones priorizadas no escapan del fenómeno general.

Y ahí diría que hay avances, pero no suficientes. Hay un tiempo que va corriendo y uno esperaría ver muchas más realizaciones y una realidad cambiada.

Entonces creo que tenemos avances, sí, definitivamente, pero las zonas PDET y el resto del territorio están siendo afectadas por los mismos fenómenos.

También hay varios municipios por donde se podría iniciar un esfuerzo de focalización de las acciones. Y hay tres municipios en particular: El Copey, Puerto Bello y Valledupar.

Si fijáramos la atención en la zona de la Sierra Nevada como una entidad y focalizáramos algunas de estas acciones en esos tres municipios, probablemente podríamos avanzar más rápidamente.

Hay una buena concentración de estos tres pueblos que están siendo principalmente afectados porque hay hechos que se han producido sobre todo en algunas de estas regiones y que pueden dar una entrada a una solución o a una intervención para contener el impacto de esta violencia que nos está afectando a los tres pueblos.

Hay oportunidades para investigaciones, hay oportunidades para tratar el impacto de esta violencia también.

Creo que hay un gran desafío del que no escapa la región, que es un desafío nacional y que es la gobernabilidad de los territorios.

Y esto llama a hacer una reflexión de parte del estado, del gobierno de Colombia de cómo recuperar esa gobernabilidad y reevaluar si las medidas que se han tomado son lo suficientemente eficaces.

Tiene que ver también con cuál es la función de la fuerza pública, cuál es la atención que dan las diferentes entidades del gobierno a nivel de las regiones, pero también es un diálogo que es necesario hacer desde las comunidades con sus gobiernos locales y regionales y buscar soluciones que vengan sobre todo construidas desde las comunidades, y en el caso de muchas de ellas, a las que hacemos referencia en esta región, deben buscarse también medidas de protección colectivas que sean construidas desde los liderazgos tradicionales, desde las autoridades tradicionales, entendiendo y tomando en cuenta sus saberes y su conocimiento y el conocimiento ancestral que tienen de su organización y de las cosas que pasan en sus comunidades.

Creo que todos, el secretario general y Naciones Unidas en general, por supuesto, y creo que la sociedad colombiana debe acompañar cualquier esfuerzo de una salida negociada al conflicto o a los diferentes conflictos que existen.

Pero una vez más este, como lo dice el alto comisionado Volker Türke, hay que tener como objetivo principal la mejoría de la situación de la población y la protección la misma, por eso repito esta recomendación: asegurar antes que todo la presencia sin restricciones del Estado en el territorio.

Y luego, si no existe un efecto positivo, si no existe una mejoría de la situación de la población, hay que revisar cómo se están haciendo estos diálogos.