Nuevamente la Corte Constitucional le llamó la atención al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, por el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es el dinero que el sistema le asigna cada año a los afiliados para atenderlos. Esta vez el alto tribunal le jaló las orejas a la cartera dirigida por Guillermo Jaramillo por las mesas convocadas para definir el ajuste de esta cifra.
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En un auto, proferido el 31 de marzo, esa corporación le dijo al ministerio que las órdenes que ha emitido no se pueden limitar solamente a que se convoquen mesas con los actores del sistema para revisar y reajustar los valores, sino que estas tienen que ir más allá y lograr la adopción de “decisiones más representativas, transparentes y legítimas”.
Así las cosas, tras revisar el cumplimiento que le ha dado el Ministerio de Salud a las órdenes de la Corte, el alto tribunal envió un cuestionario sobre el tema de la UPC y las mesas convocadas para que la entidad lo responda en máximo dos días:
- ¿Por qué el artículo 2° y en general en la Resolución 370 de 2025, no alude a la suficiencia de la UPC 2024 como objetivo principal de la mesa?
- ¿El Ministerio de Salud contempla, además de revisar, alcanzar la suficiencia de la UPC de manera concertada con los actores del sector salud o se trata de una decisión que adoptará el Minsalud de forma unilateral?
Asimismo, la Corte pidió al gobierno informar por qué no convocó a Asocajas, la ANDI y la Secretaría de Salud de Bogotá.
“Asocajas manifestó que, como representante de programas de EPS de las Cajas de Compensación Familiar Comfaoriente y Comfachocó y de varias IPS, debió ser convocada a participar a la mesa de trabajo. Atendiendo a esto, explique los motivos por los que no forma parte de la mesa y si estos sectores que menciona tienen representación en ella. Si la respuesta es afirmativa, indique cuál es su representante. Además, explique si el Minsalud respondió las solicitudes de Asocajas para ser convocada a la mesa de trabajo y de ser así, las respuestas que fueron entregadas”, señala la Corte.
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Y añadió que “la participación de diferentes sectores permitirá trabajar con mayor eficacia y eficiencia en la identificación y superación de fallas al interior del SGSSS que, actualmente, afectan la sostenibilidad financiera del sistema”.
Vale mencionar que el pasado 19 de marzo, la ANDI anunció que el 10 de ese mismo mes hizo la petición oficial al Ministerio de Salud de participar en la mesa, pero no obtuvo respuesta. “Dicha solicitud responde al mandato de la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025 y a lo estipulado en la Resolución 370 de 2025, que establecen la participación de las agremiaciones que representan a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)”, señaló el gremio en su comunicado.
Insistió en que su participación en la mesa de trabajo resulta clave porque cuenta con “la representación más amplia del sector de la salud, con cinco cámaras (Aseguramiento en Salud, Instituciones para el Cuidado de la Salud, Industria Farmacéutica, Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud y Gases Medicinales) que, en su conjunto, describen a toda la cadena de valor, agremiando más de 200 empresas”.
