Este miércoles 2 de abril, la Superintendencia de Salud decidió prorrogar por un año la medida de intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas porque, según la entidad, “persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios”.
Así las cosas, en un breve comunicado, la entidad de vigilancia y control recalcó que persisten las causas que dieron origen a la medida tomada exactamente hace un año, el 2 de abril de 2024, por lo que la intervención por parte del Gobierno nacional irá, por lo menos, hasta el 2 de abril de 2026.
En su momento, el agente saliente Duver Vargas Rojas entregó un informe sobre la gestión que desarrolló durante siete meses al frente de esta EPS.
La iniciativa priorizó medidas para contener el gasto y garantizar la atención de los afiliados a través de un modelo costo-eficiente. “Establecimos un plan de choque con acciones prioritarias durante los primeros 30 días de gestión para dar respuesta a más de 2.000 quejas represadas”, sostuvo Duver Vargas.
En el marco del plan del interventor, Vargas dijo que los pagos por giro directo a la red pública del régimen subsidiado aumentaron un 147 %, pasando de $114.412 millones en septiembre de 2023 a $284.925 millones en septiembre de 2024.
Sin embargo, pese a estas cifras el Gobierno nacional anunció este miércoles que ante cumplimientos normativos, Sanitas seguirá bajo control y vigilancia de la Supersalud.
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