El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, está de nuevo en boca de todos, esta vez no por la UPC o por la reforma a la salud sino por cuenta de su esposa que ha sido señalada de excederse en sus funciones e incurrir en abuso de poder.
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La polémica se generó luego de que el periodista Daniel Coronell revelara que en agosto de 2024 el ministerio anunciara la adquisición de un buque hospital para las comunidades apartadas del Amazonas.
Beatriz Gómez Consuegra, la esposa de Jaramillo y funcionaria de la Superintendencia Nacional de Salud, estaría presionando a servidores públicos de la cartera que dirige su esposo para que firmen documentos relacionados con el millonario contrato de manera rápida y, al parecer, sin las debidas garantías legales.
Y es que el Ministerio de Salud asignó 55.000 millones de pesos para la compra y operación de la embarcación, que será administrada por la ESE Hospital San Rafael de Leticia, capital del Amazonas.
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“La esposa del ministro está mandando tanto o más que su marido en el sector”, denunció el comunicador en su columna en Cambio. “La señora esposa del ministro se está tomando atribuciones que no le corresponden y presionando a funcionarios a adoptar decisiones multimillonarias de manera express, sin oír razones legales, bajo amenazas y en términos descomedido”, escribió.
Como era de esperarse, el ministro salió en defensa de Gómez Consuegra: “Desde el momento en que fui designado como Ministro de Salud y Protección Social, los ataques contra mi esposa, no han cesado”.
“Una vez me fue ofrecido el cargo por el señor Presidente Petro, actué con total transparencia y solicité un concepto a Función Pública para que evaluara cualquier posible inhabilidad. La entidad, que es la competente para hacerlo, concluyó que no existe ninguna inhabilidad, pues no hay relación jerárquica entre nuestras funciones ni facultad o posibilidad de nominarnos mutuamente”, agregó.
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Negó que Gómez haya impartido órdenes ilegales o arbitrarias como lo denuncia el periodista. Dijo que su actuación como delegada de la Supersalud fue “legítima, enmarcada en los deberes que la Constitución y la ley se le endilgan, todo en defensa de los recursos públicos y la salud de poblaciones vulnerables”.
Insistió que la no firma de un convenio interadministrativo con COTECMAR “no fue un capricho”, sino que respondió, asegura, a una postura frente a la “inacción administrativa” que ponía en riesgo el proyecto para el departamento del Amazonas. “Esto es lo que significa ejercer el control de tutela con responsabilidad”.
