La Superintendencia Nacional de Salud defendió públicamente la remoción de Lina Baracaldo como agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, Amazonas, a través de un comunicado emitido este 7 de abril.
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Según el organismo de control, la decisión respondió estrictamente a criterios legales y técnicos, tras recomendación del Comité de Medidas Especiales, y no obedeció a presiones externas ni intereses particulares.
De acuerdo con el documento, la medida se fundamentó en la resolución 2599 de 2016, que regula las actuaciones de la Superintendencia en materia de inspección, vigilancia y control. En este marco normativo, la entidad señaló que se evidenciaron incumplimientos en indicadores técnicos y de gestión que comprometían el objetivo de la intervención.
El pronunciamiento ocurre luego de que la exinterventora Baracaldo denunciara públicamente presiones por parte de Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Según sus declaraciones, habría recibido exigencias para firmar con urgencia un contrato por un proyecto de buque hospital destinado a comunidades del Amazonas, o en su defecto presentar la renuncia.
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El proyecto, inicialmente presupuestado en 55.000 millones de pesos, tuvo un ajuste a 73.000 millones, según la firma Cotecmar, responsable de su construcción. El aumento de los costos fue atribuido a variaciones en el precio del acero.
La iniciativa pretendía trasladar y adecuar una embarcación desde Cartagena hasta Leticia, en una zona con limitaciones de acceso a servicios médicos. Sin embargo, algunos sectores de la región, incluidos líderes indígenas, han expresado su desacuerdo con esta solución y han solicitado, en su lugar, la construcción de un hospital de alta complejidad.
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Baracaldo, quien fue retirada de su cargo el pasado 31 de marzo, aseguró que en su calidad de ordenadora del gasto debía contar con claridad sobre la financiación total del proyecto, incluidas sus fases y el costo operativo anual, estimado en 18.000 millones de pesos. Afirmó que su gestión se centró en proteger los recursos del hospital, que actualmente se encuentra bajo intervención por dificultades financieras.
Una conversación telefónica, dada a conocer por medios radiales, muestra a Gómez Consuegra —quien ocupa el cargo de superintendente delegada para prestadores en la misma Superintendencia— solicitando con firmeza una decisión inmediata sobre la firma del contrato.
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Cuatro días después, se emitió la resolución que oficializó la remoción de Baracaldo, quien fue reemplazada por Dennis Amparo Vásquez Arias, funcionaria con vínculos en el departamento del Tolima, región de origen del ministro Jaramillo.
La exinterventora también denunció haber recibido llamadas intimidantes y manifestó temor por su seguridad. Actualmente, evalúa posibles acciones legales y ha evitado revelar su ubicación por precaución.
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Frente a la controversia, la Superintendencia reiteró que sus decisiones se toman en el marco de la ley y con base en criterios técnicos, y reafirmó su independencia funcional frente a otras entidades del Gobierno.
