El presidente Gustavo Petro defendió este lunes a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores del servicio de salud en la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ante la polémica por presuntas presiones contra Lina Baracaldo, ex agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia.
“Una indolente funcionaria por dársela de que pelea con la esposa del ministro, cuando la esposa del ministro fue escogida en el cargo antes de este Gobierno, no firmó el contrato con la Armada. La Armada no es una entidad privada, ahí no hay corrupción, el que está perdiendo es el indígena que está al borde del río, la comunidad y los pobres”, dijo el mandatario durante el consejo de ministros.
El pronunciamiento ocurre luego de que la exinterventora Baracaldo denunciara públicamente presiones por parte de Beatriz Gómez Consuegra, de quien habría recibido exigencias para firmar con urgencia un contrato para un proyecto de buque hospital destinado a comunidades del Amazonas, o de lo contrario presentar la renuncia.
La iniciativa pretendía trasladar y adecuar una embarcación desde Cartagena hasta Leticia, en una zona con limitaciones de acceso a servicios médicos. Sin embargo, algunos sectores de la región, incluidos líderes indígenas, han expresado su desacuerdo con esta solución y han solicitado, en su lugar, la construcción de un hospital de alta complejidad.
Baracaldo, quien fue retirada de su cargo el pasado 31 de marzo, aseguró que en su calidad de ordenadora del gasto debía contar con claridad sobre la financiación total del proyecto, incluidas sus fases y el costo operativo anual, estimado en 18.000 millones de pesos. Afirmó que su gestión se centró en proteger los recursos del hospital, que actualmente se encuentra bajo intervención por dificultades financieras.
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Una conversación telefónica, dada a conocer por medios radiales, evidencia que Gómez Consuegra solicitó con firmeza una decisión inmediata sobre la firma del contrato. Cuatro días después se emitió la resolución que oficializó la remoción de Baracaldo, quien fue reemplazada por Dennis Amparo Vásquez Arias.
Frente a la controversia, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un comunicado en el que afirmó que la decisión de sacar del cargo a Lina Baracaldo respondió estrictamente a criterios legales y técnicos, tras recomendación del Comité de Medidas Especiales, y no obedeció a presiones externas ni intereses particulares.
De acuerdo con el documento, la medida se fundamentó en la resolución 2599 de 2016, que regula las actuaciones de la Superintendencia en materia de inspección, vigilancia y control. En este marco normativo, la entidad señaló que se evidenciaron incumplimientos en indicadores técnicos y de gestión que comprometían el objetivo de la intervención.
