A raíz del asesinato de Sara Millerey, la mujer trans asesinada en el municipio de Bello, Antioquia, la Procuraduría General de la Nación convocó de manera urgente una mesa de trabajo interinstitucional para reforzar las medidas de prevención y protección hacia personas LGBTIQ+ en Colombia.
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En el encuentro participaron representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los ministerios del Interior y de Igualdad. Las entidades discutieron estrategias para mejorar la articulación institucional, compartir información en tiempo real sobre amenazas y adoptar medidas conjuntas de atención inmediata.
“Desde la Procuraduría General de la Nación repudiamos el vil transfeminicidio de Sara Millerey, ocurrido en Bello, Antioquia, el pasado lunes. —declaró el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Iván Osuna— Ese hecho, sumado a otros semejantes que han tenido lugar este año en todo el país, pero especialmente en Antioquia, nos ha llevado a tomar medidas adicionales a las que normalmente tenemos con la finalidad de ofrecer una protección más efectiva a ese sector de la población”.
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El caso de Millerey, de acuerdo con los datos dados a conocer por la entidad, se suma a otros doce homicidios de personas LGBTIQ+ registrados en lo que va de 2025, de los cuales seis ocurrieron en Antioquia.
Ante este panorama, la Procuraduría anunció que ha constituido una agencia especial para vigilar el proceso judicial en curso en Bello, y que este tipo de acompañamiento será replicado en otros casos.
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“Desde la Procuraduría General de la Nación nos hemos reunido con el Ministerio del Interior, Ministerio de la Igualdad, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo para no solamente intercambiar información, articular esfuerzos, sino para fortalecer, desde la Procuraduría, no solo la función pedagógica y la función preventiva, sino también la función disciplinaria”, agregó el procurador delegado.
La entidad hizo un llamado a las autoridades competentes para acelerar las investigaciones, esclarecer las circunstancias de los hechos y judicializar a los responsables. También instó a activar de forma urgente las rutas legales de prevención y protección para evitar que se repitan hechos de violencia contra esta población.
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“Todo servidor público que tenga alguna atribución relacionada con la protección de las personas o con la investigación de estos hechos atroces o con la sanción, debe saber que la Procuraduría General de la Nación estará velando, exigiendo y controlando esas actividades. Precisamente, constituimos ya una agencia especial para la vigilancia de este caso en Bello, Antioquia, y lo haremos en otros más”, señaló Osuna.
Además del seguimiento institucional, el procurador general dirigió un mensaje a la ciudadanía: “Estos hechos no pueden volver a ocurrir. Es labor de todas las autoridades hacer todo lo que está a nuestro alcance para prevenir y matar estos homicidios, pero también es de la sociedad. No podemos tolerar esas atrocidades como la que hemos visto esta semana”.
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El pronunciamiento cerró con un llamado a garantizar condiciones de vida dignas y seguras para todas las personas. “Necesitamos que todas las personas, independientemente de sus afectos, de sus actividades, de sus preferencias, de sus ingresos, en fin, del lugar en el que vivan, puedan al final de cada día regresar tranquilos o tranquilas a sus casas, desarrollar su vida en libertad, con seguridad y sintiendo que el Estado está allí para protegerlas y protegerlos”.
Finalmente, la Procuraduría también solicitó a la ciudadanía abstenerse de compartir contenidos sensibles en redes sociales relacionados con este tipo de hechos, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familias.
