A la abogada bogotana Iris Marín, primera defensora del Pueblo en la historia de la entidad, el cargo le viene como anillo al dedo. Ha dedicado más de la mitad de su vida a salvaguardar derechos fundamentales o libertades civiles de los ciudadanos en general y, en especial, de las víctimas. Ahora sabe que puede ir más allá siendo su canal de acompañamiento y atención permanente para tramitar y dar respuesta a necesidades o urgencias que apenas varían de una región a otra. Sobre el Caribe, advierte de violencias asociadas al conflicto armado y prevalencia de criminalidad en centros urbanos. Su crítico análisis es demoledor.
En una reciente Alerta Temprana de Inminencia la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la crítica situación de violencia en el Cesar. ¿Cuál es su diagnóstico?
Lo que allí ocurre, también en el resto de la región Caribe, es parte de una dinámica que observamos con distintas especificidades en muchas partes del país. Es la lógica de expansión de los grupos armados que genera escenarios de riesgo por disputas. En el Cesar hay un enfrentamiento entre el Frente de Guerra Nororiental, del ELN, y el grupo disidente Bloque Magdalena Medio, del Estado Mayor de Bloques y Frentes, al mando de Calarcá, en particular en la Serranía del Perijá, que es controlada por la guerrilla.
En el caso del secuestro, muchos de carácter extorsivo, atribuibles en principio al ELN, las víctimas son llevadas al Catatumbo, donde este tiene más dominio y se mueve sin presión. Desde esa región, el conflicto se ‘corre’ hacia el norte, al Cesar, en una disputa por el control del territorio conexo con Norte de Santander. Adicionalmente, la expansión del Clan del Golfo, que es el de mayor hegemonía en zonas del Caribe, suma más riesgos de conflicto.
¿Qué han detectado en otras zonas de la región?
En la Sierra Nevada de Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) libran una disputa territorial con el Clan del Golfo. Y este último además se expande y consolida su presencia en Montes de María y Golfo de Morrosquillo, entre otras zonas, con diferentes patrones de accionar, sobre todo extorsión. Esa situación genera afectación a los liderazgos sociales que quedan en la mitad de los enfrentamientos entre el grupo hegemónico y el que trata de ganarle el control. También hay riesgos para firmantes de paz.
Lo dijimos en la alerta 005, respecto al ETCR Simón Trinidad, de la vereda Tierragrata, municipio Manaure Balcón, en Cesar. Este año, en especial por lo sucedido en el Catatumbo, la reducción de homicidios de firmantes se ha detenido; la dinámica ahora es otra, mucho más alta si se compara con el mismo periodo del año anterior. Aunque en general, estas disputas ponen en riesgo a la población campesina y los niños, niñas y adolescentes por el reclutamiento y el uso por parte de los grupos armados.
¿Qué espera de los llamados que le hace a las entidades del Gobierno, vía alertas?
Muchos territorios acumulan alertas estructurales por escenarios de riesgo que sin acciones para mitigarlos, evolucionan hasta que se vuelven de inminencia. ¿Cuáles han sido nuestras recomendaciones? La primera está relacionada con las facultades del Estado para hacer uso disuasivo de la fuerza contra los grupos armados, dentro de los parámetros de respeto a los derechos humanos. Los ceses al fuego tuvieron pros y contras. Hubo mejora de la situación de la población civil, pero también expansión territorial y ganaron control frente al Estado, lo cual no es sostenible. La fuerza pública debe actuar para prevenirlo.
La segunda, la judicialización. El rol de la Fiscalía es muy importante. Hemos visto avances, especialmente en el norte del país, con acciones contra el Clan del Golfo, como capturas, y deben extenderse a los demás grupos armados.
Vemos mucha desarticulación y si no la hay, puede que el gobierno haga mucho, pero no logra el impacto que busca”.Vemos mucha desarticulación y si no la hay, puede que el gobierno haga mucho, pero no logra el impacto que busca”.
¿En qué más ha insistido?
También tenemos recomendaciones sobre las conversaciones. La Defensoría del Pueblo, de la mano de comunidades, está muy de acuerdo con que se hagan. Algunas están avanzadas, caso disidencias de Calarcá, y otras aún son emergentes, como con el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra, pero debe haber compromisos de respeto irrestricto al DIH.
Luego está la presencia civil del Estado, en la que hemos sido muy enfáticos. Hay zonas sin fuerza pública, pero tampoco vemos al ICBF, a jueces, fiscales, comisarías de familia, que son las que deben resolver las conflictividades de la región. Y no están por indolencia estatal, también porque no existen condiciones de seguridad. Nos hace falta realmente mayor acción institucional porque los grupos armados están ejerciendo no solo un poder militar, también están actuando como autoridades en la resolución de conflictos.
¿Qué quiere decir?
En Apartadó, por ejemplo, fui testigo de cómo el Clan del Golfo cobra peaje en una vía, en la que tiene una talanquera. En Córdoba conocimos de la entrega de un colegio y de una lancha también por ese grupo. Entonces, el problema no es que tengan el control militar, es que se están convirtiendo en algunos lugares en referente de autoridad para la gente. Eso es sumamente delicado. Se puede reversar con la presencia de las instituciones del Estado, con la Defensoría del Pueblo, acompañando a las comunidades. Eso es fundamental.
¿Cómo garantizar presencia integral permanente en esos territorios sin Dios ni ley?
En nuestras alertas tempranas formulamos recomendaciones. Todos los departamentos del Caribe las tienen y el Ministerio del Interior es responsable de coordinar su implementación, a través de los comités de respuesta rápida, CIPRAT. Antes del cambio de ministro, veníamos realizando encuentros con el ministerio, que es el encargado de convocar a las entidades que deben tomar las medidas. La Defensoría ha procurado celebrar seguimientos regionales más estratégicos que pongan a las autoridades en disposición de cambiar el chip.
¿”Cambiar el chip”?
Sí, pensar cómo lo hacemos distinto, porque en las reuniones las instituciones dicen: “He hecho, hecho, hecho”, como si todo estuviera perfecto o fuera una rendición de cuentas. Y no, debemos hacer algo diferente, porque eso no está funcionando, pese a tener la mejor voluntad. Esos encuentros deben ser espacios de reflexión más crítica respecto a nuestro propio trabajo, así que la respuesta a las alertas tempranas del gobierno tiene que contemplar estrategias novedosas que realmente miren los riesgos y generen coordinación interinstitucional.
¿Cuál es el impacto de la falta de coordinación interinstitucional?
En las estrategias de paz del Gobierno nacional vemos una desconexión entre el liderazgo del comisionado de Paz, los jefes de los equipos negociadores y la respuesta de prevención a cargo del sistema de alertas tempranas encabezado por el Ministerio del Interior. Además, está el componente de la defensa, del uso de la fuerza pública. Mientras el gobierno dialoga con un grupo armado, también hay que prevenir y proteger a la población civil a través del sistema de alertas tempranas y, adicionalmente, garantizar la presencia de la fuerza pública porque hay una guerra en el territorio. Entonces, ¿cuál es la coordinación entre esas tres?
Vemos mucha desarticulación y si no la hay, puede que el gobierno haga mucho, pero no logra el impacto que busca. Igualmente, hemos identificado que, al margen de las conversaciones bilaterales entre Estado y grupos armados, la mayoría de las disputas territoriales son entre las organizaciones. Al final, lo que más afecta a la población civil son los conflictos que no están en ningún proceso y los ceses bilaterales o unilaterales, pues no sirven si la mayor disputa está, por ejemplo, entre el ELN y las disidencias o entre el Clan del Golfo y las disidencias. Eso queda por fuera del diálogo de paz.
¿Cómo abordar ese desafío territorial con los grupos armados ilegales?
Hay un tema de seguridad territorial que no es fácil. Hasta el 2016 veníamos en una lógica de grandes grupos armados, Farc, ELN, rezagos del paramilitarismo, y el Estado actuaba contra ellos. Cuando las Farc se desmovilizan, su fragmentación nos ha dejado siete grupos herederos que no tienen un mando responsable que las cohesione ni trasfondo político y el riesgo de seguirse dividiendo es real. El actual escenario es volátil.
El Clan del Golfo, por su parte, es el grupo que más se ha expandido. Aún no arrancan conversaciones y, honestamente, es difícil saber si realmente tienen voluntad de paz con solo año y unos cuantos meses que le quedan a este gobierno. Así que enfrentamos una situación frágil y sería importante saber cuál será la estrategia del Estado a mediano plazo.
En Atlántico, dos grupos armados están pidiendo pista en la paz total. ¿Le ve algún futuro?
En el Atlántico tenemos un escenario muy marcado por la criminalidad organizada que no hace parte del conflicto armado. A diferencia de lo que sucede con organizaciones de origen político, los procesos de conversaciones con estos grupos no dan lugar a suspensiones de órdenes de captura. Se debe ser muy responsable porque muchas veces estos, con gran habilidad, se aprovechan de prerrogativas que les otorgan para expandir su acción criminal.
En principio, la Defensoría no se opondría, pero es importante tener una estrategia global de comprensión de la dinámica de esos grupos armados. Aún no existe y de ahí la falta de articulación entre los diferentes procesos que deben verse como el conjunto de una criminalidad que se funde en el territorio. En el diálogo bilateral se pierde de vista todas esas relaciones y los grupos armados ganan porque sí tienen más claro el panorama.
Enfrentamos una situación frágil y sería importante saber cuál será la estrategia del Estado a mediano plazo”.Enfrentamos una situación frágil y sería importante saber cuál será la estrategia del Estado a mediano plazo”.
¿Qué debe ser lo prioritario en esos procesos?
Los compromisos de respeto de los civiles. Por su naturaleza, no se parte del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero sí deben respetar los derechos de la población que no está involucrada, pero puede ser víctima de crímenes de alto impacto, como sicariato, extorsión, gota a gota, etcétera. Sin compromisos sostenibles y una estrategia amplia de comprensión del fenómeno de criminalidad local, lo que se haga serán cositas puntuales, como si uno se tomara un mejoral para sanar un cáncer, quita el dolor, pero hasta ahí.
¿Han advertido casos de reclutamiento forzado de menores en la región?
En 2024 conocimos de un caso en Magdalena, pero estoy convencida que esa cifra no corresponde a la realidad. Existe un subregistro grande porque la gente no acude a la institucionalidad por el riesgo. Estamos rastreando centros de entrenamiento para reclutar en Atlántico y Córdoba de disidencias de las Farc y Clan del Golfo. Mi hipótesis es que este último grupo armado hace un uso importante de niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa es que el control y permanencia de los menores en estos grupos es más alta en el Caribe y, por consiguiente, la institucionalidad no recibe esa información que los documenta cuando estos se desvinculan o mueren en combate.
¿Cómo rastrearán esos centros de reclutamiento?
A través de las 42 regionales de la Defensoría del Pueblo en el país, donde recibimos la información de comunidades, de personeros. Muchos no denuncian por el riesgo, pero por fuentes locales conocemos, por ejemplo, sobre centros de entrenamiento o rehabilitación, como una especie de reformatorios, de las disidencias de las Farc, de Calarcá. En Córdoba funciona uno en Puerto Libertador y eso todo el mundo lo sabe, allá está.
“Tenemos esperanzas moderadas en los PMU de salud para atender la crisis”
Tras la solicitud que le presentamos al presidente de la República, el gobierno accedió a realizar Puestos de Mando Unificados (PMU) sobre salud en regiones priorizadas, con representantes del Ministerio de Salud, de las EPS con capacidad de decisión, Gobernación, Alcaldía, y de la Defensoría para revisar problemáticas. Soy muy cauta sobre los resultados porque en este tema falta transparencia porque todos los sectores parecen tener la razón.
La Defensoría del Pueblo sí considera que es necesario una reforma a la salud, como muchos otros sectores. En nuestro concepto se debe fortalecer la atención primaria, bajar costos de intermediación, pero ante todo se requiere un buen plan de transición responsable, de 3 o 5 años, si es el caso, para evitar que se vulneren derechos porque lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin el pan y sin el queso. Es decir, que se desestructure el actual sistema y no logremos montar uno mejor. Y también se debe garantizar su sostenibilidad fiscal.
