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La decisión del presidente Gustavo Petro de frenar las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contra el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, ha provocado una oleada de críticas desde distintos sectores políticos y regionales del país.

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Y es que, para varios líderes políticos, la medida representa un debilitamiento del accionar institucional frente a grupos armados ilegales que continúan delinquiendo en distintos territorios.

Uno de los primeros en manifestarse fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cuestionó la decisión presidencial y la calificó como una acción que desprotege a los uniformados. Según el mandatario, la medida constituye una “burla” hacia los soldados y policías que enfrentan estas estructuras armadas en el terreno.

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“Presidente Petro, cómo les ha ido de bien a los criminales en su gobierno. Seguimos sin entender por qué esta burla hacia nuestros soldados y policías”, señaló el mandatario local.

Y agregó: “Por favor, presidente Petro, desáteles las manos a nuestros soldados y policías”.

Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez también rechazó la suspensión, asegurando que le resulta “incomprensible” frenar las acciones contra un grupo que mantiene operaciones violentas en distintas zonas del país: “Incomprensible y absurdo que mientras las disidencias Farc asesinan a los colombianos, Petro firme la suspensión de operaciones en contra de ellos”.

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En este mismo sentido, el líder político agregó que la decisión restringe a la fuerza pública en su capacidad de respuesta frente a la criminalidad: “No podemos estar en un peor escenario. Es un insulto. Tiene maniatada a nuestra fuerza pública”.

Ahora bien, por su parte el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también cuestionó fuertemente la determinación del primer mandatario y advirtió que la medida afecta directamente la moral de los cuerpos de seguridad y envía un mensaje desfavorable a las víctimas de estos grupos armados.

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Para Beltrán, la decisión puede interpretarse como una concesión a organizaciones que no han mostrado voluntad de cesar sus acciones ilegales: “Las víctimas hoy ven cómo a los criminales se les entrega el país con total impunidad. Colombia no merece esto”.

También le llovieron críticas a Petro desde el Congreso

En el Congreso, varias voces han expresado preocupación por el mensaje que transmite la suspensión de operaciones. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que el decreto del Ejecutivo pone en evidencia una política de seguridad que, en su opinión, desconoce la realidad de los territorios donde actúan las disidencias.

Cabal señaló que se trata de una guerrilla que no se desmovilizó y que sigue ejerciendo violencia con impunidad y criticó duramente la decisión tomada por el jefe de Estado.

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“Justo el día que terroristas de las Farc, con una motobomba matan a dos jovencitos en el casco urbano del municipio La Plata, en Huila, y dejan a más de 24 personas heridas, Petro, con el cinismo que lo caracteriza, sale con este trino que dice ‘que sea la paz’ con el decreto que ordena la suspensión de operaciones contra los criminales de una guerrilla que jamás se desmovilizó y menos le interesó la paz”, manifestó la senadora.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, advirtió que las consecuencias de esta decisión podrían sentirse en los próximos días con un incremento de restricciones operativas para las fuerzas del orden.

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Puntualmente, Motoa señaló que los consejos de seguridad organizados recientemente por el Ministerio de Defensa se verán reducidos a “saludos a la bandera” si no se garantiza un respaldo real a los uniformados.