El gobierno del presidente Gustavo Petro, ante el riesgo de la descertificación de los Estados Unidos en materia de lucha antidrogas, está planteando volver a la aspersión terrestre de glifosato –no a la aérea, que está prácticamente suspendida por la Corte Constitucional de 2016- previo acuerdo con la comunidad y como última medida tras haberse priorizado la erradicación manual y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
En los últimos días se conoció la licitación de la Policía y los cuatro contratos por más de $7 mil millones para comprar 40 mil litros del herbicida para unas 20 mil hectáreas. El asunto llamó la atención porque el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato, Pecat, estaba suspendido durante los últimos dos años debido a que la Casa de Nariño estaba trabajando la erradicación y sustitución voluntarias, pero las cifras arrojan que mientras en 2021 había 103.257 hectáreas de coca arrancadas, en 2024 se bajó a 9.404 hectáreas.
El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, señaló al respecto: “El señor presidente de la República lo que menos quiere es el empleo del glifosato. Estamos avanzando más fuerte en la otra línea, que es la sustitución de cultivos ilícitos, pero por compromisos adquiridos vamos paralelamente avanzando en el proceso de contratación, esperamos que ojalá funcione bien la sustitución para que no sea necesario emplear este método”.
Petro había advertido inicialmente que “la política del Gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”.
Luego, el jefe de la cartera de seguridad precisó: “El Gobierno Nacional le apuesta es a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Frente al uso de glifosato en fumigación terrestre, su aplicación dependerá de dos factores fundamentales: la decisión exclusiva de los campesinos y la eficacia del proceso que lo puede acelerar hasta siete veces. Hemos escuchado a las comunidades y nos han dicho que quieren que se sustituya más rápido. Ahí es donde el Gobierno les dice: aquí está esa opción”.
Y el mandatario agregó: “No habrá aspersión aérea; el programa del Gobierno consiste en que los campesinos que quieran erradicar sus cultivos de hoja de coca, se les pague y se paga la sustitución por cultivos agroindustriales que generen prosperidad, además se titulará la tierra en manos del campesino. Si por el tamaño del cultivo ilícito se necesita más mano de obra, se les financiará. El programa consiste en ‘arrancar’ las matas, que es más definitivo y sano, que fumigar hojas y tallos.
Este programa, por acuerdos con el campesinado y por acuerdos con grupos armados en desmovilización, ya alcanza más de 30.000 hectáreas este año, y sigue avanzando. De acuerdo a la sentencia de la Corte, solo después de cumplirle al campesinado de la región, se evaluará otro tipo de acción para cultivos industriales. El eje central de la lucha contra el narcotráfico consiste en la incautación de grandes cargamentos de cocaína en tierra o mar, la captura de grandes capos y la persecusión mundial de sus fortunas”.
El documento contractual de la Policía Antinarcóticos revela que el motivo para retomar las aspersiones es el crecimiento de los cultivos de uso ilícito que pasaron de 204.257 hectáreas en 2021 a 252.572 hectáreas en 2023.
Sin embargo, hay tanto misterio en el Ejecutivo alrededor de este tema debido a que una de las primeras decisiones de Petro al llegar al poder en 2022 fue prohibir la erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato.
Pero el proceso PN-Diran-SA-003-2025 publicado en la plataforma Secop el pasado 31 de marzo, por valor de $7.700 millones, confirmó que se adquirirá glifosato 480g/litro, distribuidos mensualmente en 128 canecas de 200 litros y 695 bidones de 20 litros; es decir, 40.000 litros de glifosato por mes: “El producto ofertado tiene aprobación para ser usado en el control de coca (erythroxylum coca) con una dosis mínima de 10 litros por hectárea”.
El asunto se habría comenzado a discutir el pasado 26 de diciembre en el Comité Técnico Interinstitucional para el Desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Terrestre de Glifosato, del que hacen parte tres ministerios y otras entidades del Ejecutivo y, finalmente, el pasado 21 de febrero el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo autorizó.
El Gobierno reportó en medio de esta discusión que a la fecha, la Policía Nacional ha erradicado 1.157 hectáreas de cultivos ilícitos de manera manual; que este año la fuerza pública ha incautado 228 toneladas de droga (128 toneladas por parte de la Policía), ha extraditado 86 narcotraficantes y ha destruido 1.852 laboratorios -un promedio de 18 por día-.
Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, advirtió que “cualquier planta puede absorber el glifosato a través de sus tejidos. Así las destruye. Por lo general se aplica a monocultivos. Su acción tiene que ver con limpiar el terreno, así le da vía libre al crecimiento de cultivos controlados. El problema es su nivel de devastación en el organismo de los humanos. Según Luis Ferreirim, responsable de Greenpeace España, ‘el glifosato es un arma de destrucción masiva, que no solo afecta a la biodiversidad del agua y del suelo, sino también a la salud de las personas’”.
Al respecto del debate, el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, le dijo a EL HERALDO: “Hay varias consideraciones, primero valoro mucho que el ministro de la Defensa ponga el tema sobre la mesa y hay una intención de utilizar glifosato de manera manual y terrestre, no de manera aérea en el país, lo que me llama la atención es que vemos al ministro por un lado y al presidente de la República por otro lado, y creo que si esto continua lamentablemente este ministro de la Defensa va a durar poco porque en medio de la falta también de sensatez para tomar iniciativas de volver a la aspersión aérea con glifosato, creo que hay un avance y es la utilización del herbicida”.
Recordó en este sentido el parlamentario opositor que “en el 2020 en nuestro país el 95% de glifosato que utilizábamos era o es para cultivos lícitos y solamente el 5% para cultivos ilícitos, ¿entonces para cultivos ilícitos es malo pero para cultivos lícitos es bueno?, simplemente como interrogantes para el Gobierno. Se ha utilizado en café, maíz, papa, banano, soya, arroz, azúcar, hay estudios internacionales que establecen que el glifosato realmente no genera cáncer, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en el 2022 así lo consideró”.
Advirtió en este punto que el país está en un riesgo gravísimo de llegar a una descertificación, porque entre el 2022 y 2023 de acuerdo al último informe de la ONU en Colombia se pasó de tener 230 mil a 250 mil hectáreas de coca y se incrementó la producción potencial de cocaína de 1.738 toneladas métricas a 2.664 toneladas métricas.
“La situación no es fácil, Colombia está nadando en coca, qué bueno que se abra el debate y qué bueno también que obviamente expertos lleguen ante el Congreso, ante el Gobierno y las altas cortes, a hablar de la necesidad que tenemos de la aspersión aérea con glifosato para frenar el crecimiento y disminuir los niveles de cultivos de coca”, concluyó Espinal.
Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández, autora del proyecto para prohibir el glifosato que hace tránsito en el Congreso, comentó en EL HERALDO que “el glifosato es nocivo en cualquier situación, pero la discusión se ha dado alrededor de la aspersión aérea, porque esta tiene unos efectos que no se pueden controlar, por ejemplo variables como el viento, la temperatura, los sitios, fuentes de agua, ríos, ecosistemas completos, agricultura de cultivos lícitos que se ven afectados, envenenados, y se han comprobado científicamente sus afectaciones a la salud, la OMS lo calificó como potencialmente cancerígeno y hemos tenido además demandas que hemos perdido a nivel internacional donde se condenó a Colombia a pagar 15 millones de dólares por la afectación que hubo porque no se controla la fumigación aérea”.
Además, advirtió la legisladora oficialista, “en 2021 Iván Duque erradicó de manera forzosa y manual con glifosato 15 mil hectáreas y, aún así, a finales de 2021 se incrementó el número de hectáreas en todo el país en 40 mil, lo que indica que el glifosato no es efectivo ni por aspersión aérea ni terrestre”.
Ante lo que, añadió, “lo que plantea el Gobierno es hacer sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y además garantizar que la sustitución sea sostenible porque se comprarían los nuevos cultivos para las comunidades y las familias que entran en ese proceso. Exitoso fue el proceso en el momento de Juan Manuel Santos, cuando se demostró que con la sustitución la tasa de resiembra llegó a un 0,8%, y lo máximo que hubo fue el 5%; con la erradicación forzosa y con glifosato la tasa de resiembra, generando además un efecto nómada de las comunidades, llegaba incluso al 65%, con altos costos económicos, sociales, ambientales, que no resolvían el problema de fondo”.
Puntualizó por ello Hernández el Gobierno prioriza la sustitución voluntaria y cuando se concreta con la comunidad “se abre la posibilidad de usar glifosato pero localizado, por única vez y para que no se repita en la hectárea donde se va a hacer la sustitución voluntaria, es decir en las medidas y en los grados en los que se usa el glifosato para los cultivos lícitos”.
