El Gobierno implementará una estrategia financiera de emergencia para enfrentar el brote de fiebre amarilla que afecta al país, redirigiendo recursos originalmente destinados a proyectos de infraestructura vial hacia una campaña masiva de vacunación.
Durante el más reciente Consejo de Ministros televisado este lunes, el presidente Gustavo Petro reveló que la administración necesitará entre $600 mil millones y $1 billón de pesos para desarrollar una campaña de inmunización que beneficie a 9,6 millones de personas ubicadas en zonas de alto y muy alto riesgo, las cuales comprenden 400 municipios, equivalentes al 35,6% del territorio nacional.
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“Hay $8 billones de pesos del Gobierno guardados en los bancos en fondos de fideicomiso para soportar la contratación con los concesionarios dueños de peajes, de las llamadas 4G y 5G, doble calzadas que no pasan por todo el territorio nacional, sino por donde viven los que tienen billete”, afirmó el mandatario, señalando que estos recursos están “guardaditos cuando los necesitamos nosotros y no los usan porque no están haciendo las carreteras”.
Vale mencionar que los recursos mencionados por el presidente Petro están enmarcados en esquemas de fiducia, un mecanismo legal utilizado para garantizar el cumplimiento de contratos públicos aunque haya cambios de gobiernos.
En su momento, el presidente Petro ya había mencionado que “cada concesión vial será investigada en su cumplimiento, minuciosamente”.
Sin embargo, se cuestiona la viabilidad de este anuncio del presidente, pues utilizar los recursos de las concesiones requiere revisar contratos firmados y ya hay posturas claras al respecto, como la de Juan Martín Caicedo, presidente del gremio, quien ha reiterado que debido al modelo de APP, el país ha señalado un rezago de 100 años en infraestructura vial.
“Bajo la tesis de las demoras, los menos afectos al modelo de concesión dicen, por ejemplo, que ya han trascurrido 11 años desde que se adjudicó la primera vía del programa 4G y algunas de estas iniciativas aún no han finalizado. Efectivamente, ha habido dificultades en la ejecución de ciertas vías, pero en este caso, a diferencia de la obra pública, los cuellos de botella obedecen a estructuraciones deficientes por parte del propio Estado”, señaló Caicedo en su artículo publicado en El Tiempo el pasado 5 de abril.
Según cifras del Ministerio de Salud, la emergencia por fiebre amarilla ha dejado hasta el momento 79 casos confirmados y 36 personas fallecidas entre 2024 y 2025. El país tiene 111 municipios en categoría de muy alto riesgo, principalmente concentrados en la región amazónica, 289 en alto riesgo y 722 en riesgo bajo.
Para que dicho plan sea viable, la campaña requeriría entre 13 y 14 millones de dosis de vacunas, además de un fortalecimiento significativo de las capacidades hospitalarias en las regiones más afectadas, similar a lo implementado durante la pandemia de COVID-19.
“Sabiendo que dosis de vacunas se pierden, más o menos hay que tener unas 13 o 14 millones de vacunas, hay que tener los reactivos, hay que tener un fortalecimiento en los hospitales de las regiones de alto y medio riesgo que sean capaces de tratar pacientes ya enfermos, hay que pagarle a los Equipos Básicos de Salud, que ya se han descrito son miles. Es una actividad que vale un dinero y aquí nos enfrentamos ante otra realidad política: el presidente del Senado, Cepeda Efraín, Cepeda el malo, decidió en una de las estrategias de la oposición desfinanciar al Gobierno y saboteó la Ley de financiamiento, el año pasado”, enfatizó el jefe de Estado.
Como alternativa complementaria, el presidente también propuso transformar las EPS actualmente intervenidas por la Superintendencia de Salud en Gestoras de Salud, concepto planteado en su proyecto de reforma que se discute en el Congreso. Estas entidades implementarían Equipos Básicos de Salud encargados directamente de la vacunación.
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Actualmente, el Gobierno controla a través de la Superintendencia de Salud la atención de 31 millones de afiliados correspondientes a EPS bajo medidas de control, lo que representa el 62,5% del total de afiliados al sistema de salud colombiano.
Petro enfatizó además la necesidad de que las vacunas se produzcan en Colombia, anticipando un aumento en la demanda de biológicos debido al brote endémico en América Latina, aunque reconoció que actualmente el país carece de capacidad productiva inmediata para desarrollar estas vacunas.
