A través de un comunicado, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se pronunció sobre las afirmaciones del presidente Gustavo Petro frente a las concesiones 4G y 5G.
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En su alocución presidencial, Petro anunció que los recursos para financiar la vacunación contra la fiebre amarilla provendrán de las concesiones viales 4G y 5G donde se evidencien incumplimientos contractuales.
En este sentido, el mandatario aseguró que el valor de la estrategia para contener el brote de fiebre amarilla rondaría entre $600 mil millones y $1 billón, rubros necesarios para obtener las 13 o 14 millones de vacunas que planea administrar el gobierno.
“Hay $8 billones de pesos del Gobierno guardados en los bancos en fondos de fideicomiso para soportar la contratación con los concesionarios dueños de peajes, de las llamadas 4G y 5G, doble calzadas que no pasan por todo el territorio nacional, sino por donde viven los que tienen billete”, afirmó el mandatario, señalando que estos recursos están “guardaditos cuando los necesitamos nosotros y no los usan porque no están haciendo las carreteras”.
En ese sentido, la CCI cuestionó las afirmaciones del jefe de Estado y aseguró que “todos los proyectos de concesión, de 4ª y 5ª generación, están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo y, por ende, ninguno de ellos está incumplido”.
Recordó que los recursos públicos girados a las fiducias tienen la función de pagar las obras que se han construido por los concesionarios y entregado a satisfacción del Estado. “Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado. Es evidente, y así lo puede comprobar una auditoría, que aquellas obras que no han podido culminar o que se encuentran paralizadas, presentan dicha situación por falta de decisión en instancias del gobierno nacional”.
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Asimismo advirtió que jurídicamente la propuesta del mandatario no es viable, ya que “presupuestalmente los recursos de las vigencias futuras giradas a las fiducias se encuentran ejecutados, jurídicamente no es posible destinarlos a otros sectores o usos, como lo ha planteado el gobierno”.
Finalmente, la CCI hace un llamado para que en este debate “no se acuda a afirmaciones y señalamientos equivocados, que solo afectan la reputación y honra de unas empresas que le han cumplido a Colombia”.
