Para las familias víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe algo de alivio les da la reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que condenó a 12 exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar 8 años de trabajos comunitarios.
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“Es positivo ver cómo la JEP reconoció los daños sufridos por las víctimas, también los proyectos de sanción propia son valiosos porque están enfocados en la memoria, la cultura y la armonización, pero quisiera decir en esta parte que no queden en el papel, sino que se concreten con la participación activa con las víctimas y en cuanto al cumplimiento que sea real”, aseguró Mónica Márquez, hermana de Jesús Emilio Márquez, una de las 135 víctimas, en entrevista con Blu Radio.
Por su parte, para Laura Piña, hija de Adolfo Piña desplazado de Barranquilla hasta Codazzi en el Cesar, esta sentencia rebate el discurso negacionista de un sector de la sociedad colombiana que aún se aferra a creer que los ‘falsos positivos’ existieron.
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“Con respecto a los daños de las víctimas lo deja muy claro que en el fenómeno macrocriminal se haya agregado persecución y tortura que no habían quedado inicialmente me parece fundamental porque fue una solicitud que hicimos las víctimas. Me parece interesante los exhortos que hace a que el Gobierno pida perdón por estos crímenes, se trata de decir que hay que abolir el discurso negacionista, estos crímenes existieron”, manifestó.
Pero también están los que cuestionan a la JEP porque consideran que las víctimas no soy muy escuchadas y que las penas no son proporcionales al daño causado a más de 135 jóvenes asesinados para ser presentados como bajas en combate.
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“Siempre he pensado que a veces vemos que son más escuchados los victimarios que las víctimas, creemos que debemos ser nosotros los protagonistas de esta historia, no los actores de reparto o los extra, sería bueno la participación activa de todas las víctimas, de todas las personas a las que les arrebataron sus familiares”, explicó Franklin Flórez, hermano de Albeiro Flórez Hernández, al medio en mención.
Todos los exuniformados condenados, tras reconocer su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe, verán sus sentencias disminuidas dependiendo del tiempo que hayan pagado de cárcel en la justicia ordinaria.
Todos reconocieron haber participado en 135 asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron además 192 víctimas indirectas en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
