Una nueva investigación enfrenta el cuestionado ex director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, esta vez por cuenta de presuntas irregularidades en la ejecución de varias obras para la reconstrucción de Mocoa.
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De acuerdo a la Procuraduría, las inversiones en las obras en la capital de Putumayo superan los $185 mil millones provenientes del sistema general de regalías.
El Ministerio Público expuso que son 18 contratos en los que se detectaron presuntos retrasos en ejecución, contratación de personal para ejercer la supervisión, y afectaciones en la ejecución de recursos.
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Es de recordar que estos contratos hacen parte del Plan de Acción Específico presentado por la Alcaldía de Mocoa en el marco de un decreto de calamidad pública expedido en 2021, con el fin de acelerar las obras de mitigación del riesgo y evitar una nueva tragedia en el municipio.
Igualmente, la Procuraduría investiga a Eduardo José González, también ex director de la unidad; Gerardo Jaramillo, secretario general de la UNGRD; Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora; Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía; además de Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras.
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“En la etapa de preinversión, por ejemplo, se detectaron presuntas deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las 18 obras. Posteriormente, durante la ejecución, se hallaron posibles irregularidades técnicas que no fueron consideradas y habrían puesto en riesgo la infraestructura existente, también construcciones en ejes ambientales sin los respectivos permisos y trámites ambientales hechos fuera de tiempo”, indicó el órgano de control.
La destinación de recursos para 86 actividades no relacionadas con uno de los proyectos de construcción, como un viaje a San Andrés y una supuesta asesoría para apoyo en temas ambientales relacionados con la reconstrucción de Mocoa fueron otra de las presuntas irregularidades que llamó atención del Ministerio Público y por el cual se apertura la investigación.
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Razón por la cual, se solicitó copia de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la UNGRD, los dos contratos firmados para el viaje y la asesoría en temas ambientales y de vivienda, con sus respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal y soportes de su ejecución.
En ese sentido, se les exigió una certificación actualizada sobre el avance real de las diferentes obras contratadas para reducir y mitigar el riesgo en Mocoa.
