Luego de que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaran el pasado miércoles 8 de mayo ante en el Consejo Nacional Electoral (CNE) la ponencia con formulación de cargos contra la campaña Petro, la defensa del presidente aseguró que esta entidad electoral no puede investigar al primer mandatario, aun cuando los demandantes entregaron registros contables, documentales, cuentas y certificados en un paquete de más de 100 páginas, para investigar los topes de la campaña Petro Presidente.
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La defensa, encabezada por el jurista Mauricio Pava, alega que el CNE no ofrece garantías de imparcialidad al tener nexos con políticos que responden a intereses de sus partidos, es decir, que su arquitectura institucional no procede en este caso.
Debido a esto, los demandantes Álvaro Prada y Benjamín Ortiz fueron cuestionados por su oposición al presidente Petro y a la investigación que se adelanta respecto a su campaña presidencial.
Según la defensa, solo el Congreso tiene la facultad para investigar y juzgar al presidente de la República si fuera necesario, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral sigue investigando a Ricardo Roa y su campaña.
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En medio del debate, se conocieron unos audios y videos del exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el pasado 18 de abril.
Estas pruebas, consolidarían un elemento clave dentro del proceso, ya que ni los congresistas ni el resto de ciudadanos demandantes han instaurado pruebas diferentes a lo dicho en diferentes medios de comunicación.
El documento de ponencia se radicó luego de que se escuchara en una audiencia virtual a Omar Hernández, uno de los creadores de la moneda Daily Cop, quien confirmó el encuentro entre los directivos de la empresa y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, donde se habló del aporte de 2.000 millones de pesos en especie (el avión) a la campaña.
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No obstante, Roa respondió a las preguntas de los congresistas investigadores, a la Procuraduría y a la defensa del presidente. Además, afirmó que no recibieron aportes de FECODE y la USO por ser entidades jurídicas, aunque ofrecieron los recursos.
La Procuraduría en su momento interrogó a los involucrados en los presuntos aportes, entre ellos Euclides Torres, Samuel Lópesierra, Nicolás Petro, Alfonso Hilsaca y Cristian Daes, y aun así el presidente de Ecopetrol fue específico al afirmar que la campaña Petro no recibió aportes de ellos.
De igual manera, Ricardo Roa indicó que si se pretende considerar dichos “aportes” como un delito, pues se debería investigar igualmente la campaña de Duque por el aporte recibido de 560 millones en 2018.
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Según Roa este aporte figuraba en el acta de socios de las empresas ofertantes, pero finalmente los recursos fueron destinados al Centro Democrático, es decir “todos en la misma situación”, añadió.
Respecto al manejo de la campaña, Roa indicó que Gustavo Petro, cuando era candidato, precisó dos instrucciones: “no violar los topes gastados y evitar el ingreso de recursos ilegales”. Asimismo, declaró bajo juramento que se realizaron tres auditorías en la campaña respecto a los controles.
La defensa del presidente Petro, afirmó que ya existe la evidencia correspondiente para demostrar que el mandatario sí se ajustó a la conducta de ley y no incurrió en delito alguno.
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