Más de 1.700 millones de pesos deberá pagar el grupo empresarial Prodeco por el incumplimiento de las medidas ambientales que debía implementar para poder llevar a cabo un proyecto minero en el sector de Calenturitas, en el departamento de Cesar.
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Así lo anunció recientemente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la resolución No. 1091 de 2024, en la cual se estipula que la compañía deberá cancelar una multa por un valor total de $1.739.012.826.
Esta sanción, según indicó la Anla, “se debe, en primera medida, a la falta de implementación de las barreras vivas o, en su defecto, barreras físicas alrededor de las áreas de los botaderos de estériles, patios de acopio de carbón y a lo largo del corredor minero, especialmente frente a las poblaciones de Boquerón y Plan Bonito”.
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El propósito de estos parámetros, según explicó la autoridad nacional, es “mitigar los impactos ambientales negativos en las zonas aledañas al proyecto, en particular, aquellos relacionados con el control de emisiones atmosféricas en las áreas o centros de acopio susceptibles de generar emisiones atmosféricas”; por lo cual, con sus incumplimientos a las medidas la multinacional habría afectado considerablemente el entorno alrededor del proyecto carbonífero.
Asimismo, la Anla determinó que “la empresa no había reactivado la operación de la estación de monitoreo de PM10 ubicada en la parcelación El Prado, de acuerdo con los términos y condiciones impuestos en su momento por la Autoridad Ambiental”.
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El funcionamiento de dicha estación había sido detenido por orden de la Anla en noviembre de 2013, debido a que no cumplía con las obligaciones relacionadas con el permiso de emisiones atmosféricas. No obstante, la autoridad impuso un término de tres meses calendario para que la compañía reactivara la operación con las medidas necesarias, y esta obligación no fue acatada sino hasta el año 2015, cuando la estación de monitoreo entró nuevamente en funcionamiento.
Finalmente, la Anla reiteró su compromiso con la protección del entorno y el bienestar de las comunidades afectadas por proyectos mineros; y explicó que esta sanción impuesta “pretende asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales y actúen de manera sostenible y responsable”.
