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La Procuraduría General de la Nación ordenó de la apertura de investigación por indebida participación en política en nueve regionales del SENA, incluidas las de Atlántico, Cesar y Magdalena, y la compulsa de copias para que sean investigados disciplinariamente seis congresistas.

El Grupo Élite Anticorrupción del organismo de control halló evidencia de que hubo 32.000 vinculaciones por prestación de servicios personales en la institución de formación laboral antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, que impide la contratación directa en época electoral.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, detalló este martes que fueron en total 17 investigaciones disciplinarias, en relación con una supuesta 'nómina paralela con objetivos electorales'.

'Vamos a proceder, cuando ello fuera necesario, a la suspensión de los directores regionales del SENA que se prestaron para esta nómina paralela', añadió el jefe del Ministerio Público.

'No es tanto el monto (de los contratos), es lo que representa la contratación de una persona para que cumpla una función electoral, con fines partidistas, con patrimonio público', agregó.

Luego de visitas, pruebas y testimonios en 12 regionales y el nivel central del SENA se definió la apertura de investigación disciplinaria respecto de estos contratos entre Antioquia, Atlántico, Caldas, Cesar, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Santander.

El director general del SENA, José Antonio Lizarazo (en su condición de jefe de la regional de Norte de Santander) será investigado disciplinariamente, así como el secretario general de la entidad, Enrique Romero, quien se habría posesionado en su momento como cabeza de la regional Santander, presuntamente, sin cumplir los requisitos.

Asimismo, se vinculó en las pesquisas a Orlando Fabián Saavedra Zuleta (director regional Cesar), Carlos Rafael Mero Freile (subdirector centro de operación y mantenimiento minero en Cesar) y Eduardo Oliver Mena (subdirector centro biotecnológico de Cesar), así como a otros cinco funcionarios del resto del país.

También se ordenó trasladar copias para evaluar la conducta de los congresistas Argenis Velásquez (representante a la Cámara por Putumayo), Liliana Benavides (representante a la Cámara por Nariño), Julián Bedoya (representante a la Cámara por Antioquia), Hernán Penagos (representante a la Cámara por Caldas) y los senadores Myriam Paredes y Manuel Guillermo Mora.

Las labores investigativas continuarán en las regionales de Cauca, Caquetá, Córdoba, Meta y Valle del Cauca.