El Inpec adelantó que ya son 106 los reclusos a los que le fueron otorgados la medida domiciliaria transitoria, en cumplimiento al Decreto 546 de 2020 que fue expedido el pasado 14 de abril.
El pasado viernes se efectuaron las primeras 44 excarcelaciones, las cuales tuvieron lugar en las cárceles de Popayán, Boyacá, Bucaramanga, Pitalito y Barranquilla. Salieron 40 hombres y 4 mujeres.
Aunque el Inpec no detalló donde se realizaron las nuevas 62 excarcelaciones, le dijo a EL HERALDO que se completaron en el transcurso del fin del semana hasta ayer en varias ciudades del país.
También el instituto carcelario anotó que de la cárcel de Villavicencio, donde los casos de contagiados por COVID-19 ascendieron a 144, no ha salido ninguno de los internos, puesto que avanzan en el tamizaje y la práctica de pruebas.
Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello explicó que estas excarcelaciones se harían de acuerdo a unos listados.
La semana pasada informó que ya había una primera lista de 600 reclusos que están próximos a salir de prisión para cumplir sus condenas desde sus casas como medida de prevención ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En diálogo con la W radio, Cabello adelantó que se espera que esta semana se termine el segundo listado de personas privadas de la libertad que serán beneficiadas con la medida domiciliaria transitoria.
'Estamos haciendo un análisis de la operatividad para que haya un segundo decreto, en cuanto veamos la viabilidad del primero', informó la ministra en la emisora capitalina.
De igual forma, precisó que están realizando pruebas en 5 de los 132 centros carcelarios.
La cárcel que vive una mayor crisis a raíz del COVID-19 es la de Villavicencio, donde han muerto 3 personas.
Y según cifras dadas por la Gobernación del Meta, de los 186 contagiados, 144 casos se han presentado en la cárcel.
Las pésimas condiciones sanitarias y el hacinamiento de los centros carcelarios, que en el caso del de Villavicencio es del 97,6 %, con 1.776 presos en un espacio que solo pueden albergar a 899, han incidido en la proliferación de los contagios.
En cuanto al resto del país, se han confirmado cinco casos de COVID-19 en las cárceles La Picota, de Bogotá, uno en la de Leticia, capital del Amazonas; otro en Las Heliconias, en sureño Caquetá; uno en Guaduas, en Cundinamarca, y el último en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, en el departamento de Tolima.
Llamado de la Procuraduría
Con el fin de agilizar las excarcelaciones en el país, la Procuraduría General de la Nación sugirió al Ministerio de Justicia aplicar la legislación penal ordinaria con el propósito de prevenir la propagación de la COVID-19 en la población carcelaria.
A través de un comunicado dirigido a la ministra Margarita Cabello, el ente de control precisó que, de acuerdo con la información suministrada por el Inpec, actualmente permanecen bajo el régimen carcelario 1.565 personas, pese a haber cumplido la pena impuesta; otras 13.742 personas privadas de la libertad 'ya cumplieron las 3/5 partes de su sentencia' y 846 reclusos padecen una enfermedad catastrófica. Además, 13.465 reos fueron sindicados de delitos hace más de un año y 72 están pendientes del brazalete electrónico.
El ente también requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec– y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 información sobre la ruta de intervención y el cronograma establecido para la toma de muestras de la COVID-19 en los establecimientos carcelarios del país, 'con prioridad en aquellos donde se han presentado brotes del virus como Villavicencio, Guaduas, Florencia, y La Picota, en Bogotá'.
Investigación
El ente de control informó también que abrió investigación disciplinaria al director del Inpec, brigadier general Norberto Mujica Jaime, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia.
'El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República, sobre una presunta omisión del director en su deber de proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad', señaló la Procuraduría a través de un comunicado.
El ente señaló que 'ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar si son constitutivas de falta disciplinaria la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares'
