En medio de la realización de las exequias del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, quien fue asesinado el pasado jueves, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sigue enfrentando una ola de amenazas contra sus funcionarios. La situación de seguridad dentro del sistema penitenciario nacional se ha visto gravemente comprometida, con un incremento en las advertencias y actos intimidatorios dirigidos a su personal.
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El más reciente incidente fue denunciado por la Unión de Trabajadores Penitenciarios, que informó que un dragoneante de la cárcel de mujeres El Buen Pastor recibió una amenaza dirigida a la Unidad Canina de Inpec. Según detalló Óscar Robayo, presidente del sindicato, el funcionario fue interceptado por dos hombres al salir de su lugar de trabajo, quienes le entregaron un panfleto junto a una caja que contenía calaveras y pétalos de rosa rojos en su interior.
Robayo explicó en una entrevista con ‘Blu Radio’ cómo se desarrollaron los hechos y aprovechó la oportunidad para instar a la Alcaldía de Bogotá a tomar medidas preventivas que eviten futuros incidentes trágicos.
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“Amenazan directamente a esta unidad. Esta unidad de guías caninos ha capturado a funcionarios visitantes que pretendían ingresar elementos prohibidos al interior del penal para ser comercializados por personas privadas de la libertad”, relató Robayo.
La función de los guías caninos del Inpec es crucial para prevenir el ingreso de elementos ilegales en las cárceles, una tarea que inevitablemente ha incomodado a las bandas criminales. Este rol de prevención y seguridad que desempeñan ha convertido a los miembros de esta unidad en blancos directos de amenazas e intimidaciones.
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El caso del dragoneante de El Buen Pastor se suma a una preocupante estadística de 516 denuncias de amenazas recibidas por funcionarios del Inpec, según cifras recientes proporcionadas por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. De estos, solo 39 cuentan con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que deja a una gran mayoría de servidores expuestos y vulnerables.
Esta situación ha generado una ola de preocupación y un llamado a la acción urgente por parte de diversas entidades y sindicatos, quienes demandan una mayor protección para el personal penitenciario.
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De hecho, debido precisamente a estos actos, la Procuraduría General de la Nación dio el plazo de dos días al Inpec para que responda por las fallas en el sistema de protección de sus funcionarios.
“En atención a las diferentes versiones que hemos conocido a través de medios de comunicación sobre la situación de amenazas y agresiones a integrantes del INPEC, hemos requerido a la dirección general de dicha entidad con el fin de que informe de manera perentoria sobre las acciones desplegadas a partir de la declaratoria de emergencia carcelaria el pasado 12 de febrero”, indicó Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado.
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De igual manera, Sarmiento instó a la directora del INPEC a que “informe las acciones desarrolladas a partir del conocimiento el pasado 9 de mayo de las amenazas en contra del fallecido director del establecimiento de reclusión La Modelo de Bogotá”, añadió.
