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La Contraloría General de la República informó por medio de un comunicado este domingo 7 de julio que abrió una indagación preliminar la presunta pérdida de una mercancía donada por la DIAN en febrero pasado a la Policía Fiscal y Aduanera -POLFA, por un valor que supera los $4.404 millones, algo más de un millón de dólares.

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Señala la entidad que esta mercancía, que fue incautada por la DIAN en operaciones de control al contrabando, incluye equipos tecnológicos y electrodomésticos, como consolas de video juegos, parlantes, televisores, equipos de sonido, audífonos y relojes inteligentes. También confecciones y maletas para hombres, mujeres y niños, enseres como baterías de ollas y freidoras de aire, lo mismo que bicicletas y juguetes, gafas y pantuflas.

“La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad estableció deficiencias en la custodia, almacenamiento, control y distribución de estos bienes, en tres casos específicos de donaciones de la DIAN a la POLFA, autorizadas mediante resoluciones del 15, 16 y 21 de febrero del presente año”, se lee en el escrito.

La Contraloría investiga específicamente tres hechos: evidentes deficiencias en el almacenamiento e inventario de las mercancías y falta de controles para la reubicación o distribución final de los elementos entregados en donación; inconsistencia entre lo que solicitó una dependencia de la Policía y lo que efectivamente entregó la POLFA, pues se pidió una donación de sábanas y acolchados y lo efectivamente entregado fueron otras mercancías de mayor valor; y la Resolución 1297 del 21 de febrero de 2024 se encuentra cargada en el aplicativo de inventarios SAPSILOG, pero aquélla no aparece contabilizada por la POLFA, por lo cual no se puede evidenciar la ENTRADA o SALIDA del almacén.

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“Para la Contraloría es evidente que se hizo entrega de elementos donados sin que los mismos hayan sido registrados y clasificados previamente en la contabilidad de la Policía Fiscal y Aduanera – POLFA, lo cual no es más que una manera discrecional, cuando no arbitraria y non sancta, de disponer de unos bienes públicos, como son las mercancías incautadas”, explica la Contraloría.