La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, informó este martes en un comunicado que la Fiscalía General de la Nación le solicitó investigar la “posible participación de nueve congresistas en los hechos relacionados con la estructura ilícita que habría funcionado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la administración del exdirector Olmedo López Martínez”, se lee en el documento.
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Respecto a esta petición, la Fiscalía entregó dos archivos, el primero correspondiente a la información en la que figuran los congresistas Iván Name y Andrés Calle con destino al magistrado Francisco Farfán. Y en el otro archivo lo relacionado con el representante Wadith Alberto Manzur, “cuya investigación se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón Granobles”.
En ese segundo oficio se menciona a otros seis presuntos implicados: Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según especifica el informe.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia aseguró que los hechos relacionados con los congresistas de los que hasta ahora tiene noticia la Sala Especial de Instrucción, “serán investigados inicialmente en el mismo radicado a cargo del magistrado Alarcón Granobles, por razones de conexidad procesal”.
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Esto debido a la posible corrupción administrativa ocurrida en una entidad pública, durante un lapso determinado, con la participación de algunos directivos y con similares características en las “presuntas conductas ilícitas”, añade el comunicado.
Finalmente, la Corte señala que esta medida, contemplada en el artículo 90 de la Ley 600 de 2000, permite desarrollar una investigación penal concentrada, con el objetivo de obtener respuesta a unos hechos de interés público.
“El magistrado Farfán continuará con la investigación que ya venía adelantando”, agrega el ente de justicia.
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