Denunciando y destapando más escándalos, entre otras labores, es en lo que se la ha pasado el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, desde que asumió la dirección de la entidad. Pero no a todos le ha caído bien su accionar y señalamientos como ocurrió con Iván Alfaro que rechazó los “ataques” al ser llamado “jefe de facto” de la unidad.
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El pasado domingo Carrillo aseguró que durante las últimas horas de Olmedo López como director de la UNGRD “los miembros de su dirección firmaron todo tipo de actos administrativos para comprometer centenares de miles de millones'.
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Uno de esos actos “impresentables”, afirma el funcionario, fue el que trataron de entregarle al contratista Iván Alfaro Gómez, quien era el “jefe jurídico de facto” en la UNGRD.
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Alfaro explicó que sí celebró un contrato de prestación de servicios profesionales independientes con la Fiduciaria La Previsora - UNGRD y el Fondo Nacional para la Atención de Desastres en junio de 2023 consistente en la prestación de servicios jurídicos especializados, pero “en ningún caso contemplaron la gestión de la contratación ni la ordenación del gasto”.
En ese sentido apuntó que esas funciones le corresponden a las áreas administrativas y a las misionales de la entidad. “La remuneración convenida fue la prevista en la resolución vigente para esa fecha y así fue autorizado, ejecutado y terminado en diciembre de ese mismo año”.
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Pero ese no fue el único contrato, en enero de 2024 se firmó otro aún vigente. Este también contempla, manifiesta el abogado, la realización de actividades de asesoramiento, exclusivamente con la oficina asesora jurídica de la entidad.
Ante las graves denuncias hechas por Carrillo y que culpan a Alfaro, este último rechazó “de manera categórica que se haya estigmatizado a la ciudadana que represento, se le vincule con alguna irregularidad o supuesta remuneración indebida pues se trata de asuntos disímiles que no tienen relación alguna”.
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Y agregó que las “conjeturas maliciosas han querido afectar a su familia, solo por motivaciones políticas, pasiones coyunturales o intereses electorales de quienes acceden a la función pública y tergiversan la información”.
