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Los exguerrilleros de las extintas Farc, muchos de ellos actuales funcionarios del Gobierno Petro, también se han pronunciado recientemente en respuesta al anuncio hecho por el presidente de la República, quien dio a conocer que denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los presuntos incumplimientos que el Estado ha tenido con el acuerdo de paz, pactado con el grupo armado durante la administración de Juan Manuel Santos en 2016.

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Uno de los que salió al paso tras esta declaración de Gustavo Petro fue el senador Julián Gallo, conocido durante el conflicto armado con el alias de ‘Carlos Antonio Lozada’, quien manifestó su preocupación por dichas violaciones a lo pactado, y expresó su apoyo a la determinación del presidente.

En diálogo con ‘Blu Radio’, el congresista señaló que, así como la versión del mandatario nacional, también es importante que se conozca lo que tienen para decir los excombatientes. Por lo anterior, propuso que el exlíder guerrillero y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’, acompañe al presidente en su presentación ante la ONU.

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“Es fundamental que se escuche también la voz de las antiguas Farc, como alta parte contratante del acuerdo, que hoy en día es un documento oficial de las Naciones Unidas”, afirmó el senador.

Según señaló el funcionario al programa radial, los cambios realizados al acuerdo durante su trámite en el Congreso y decisiones posteriores de la Corte Constitucional distorsionaron el contenido original que se había pactado, por lo cual, desde su perspectiva, se ha visto afectada su implementación.

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“Es necesario que el presidente Petro no solo denuncie estos cambios, sino que también lleve al texto inicial y no a lo que se modificó”, precisó Gallo.

En este sentido, el congresista mencionó varios puntos clave en los cuales ha observado fallos significativos. Entre estos, la falta de avance en la distribución y titulación de tierras, aspectos importantes para la reforma agraria pactada; y la falta de avance en la reforma política, necesaria para ajustar los topes y fuentes de financiamiento en las campañas electorales.