Cesar Gaviria, expresidente de Colombia, rechazó de tajo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente tal como la propone el Gobierno Petro: a través del Acuerdo de Paz con las Farc, incluso llamó a varios sectores políticos a “defender la democracia” que, a su juicio, se ve amenazada con la propuesta del jefe de Estado.
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La constituyente tal como lo planteó el excanciller Álvaro Leyva en nombre del Gobierno, explica Gaviria, proviene de una “equivocada interpretación del 'acuerdo político nacional' a que hacen referencia los acuerdos de paz de La Habana, y a la errónea concepción de que el acuerdo puede ser modificado por las partes”.
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Por ello fue enfático e decir que cualquier intento de convocatoria por fuera del marco constitucional “atentaría de manera directa contra la estabilidad democrática institucional y las demás ramas del poder público”.
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A Gaviria no le termina de convencer la justificación que ha dado el Gobierno para la constituyente que ha sido los escollos a los que se ha tenido que enfrentar la agenda legislativa de Petro en el Congreso lo que ha ocurrido es una “negativa a negociar los textos de las reformas”.
“No queda claro si el gobierno se propone a convocar la Constituyente por decreto y sin cumplir los trámites que establece la constitución del 91, que exigen para su reforma, entre otras, la aprobación del Congreso de la República”, dijo el exmandatario.
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El líder del Partido Liberal hizo eco de lo dicho por Juan Manuel Santos quien defendió el acuerdo que él firmó con la extinta guerrilla explicando que 'una constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución'.
“El expresidente Santos, además recordó que una constituyente se debe iniciar por un procedimiento especial, que debe ser revisado por la Corte Constitucional, y un llamado a las urnas para que el país decida, si quiere que se celebre un proceso de esa índole”, indicó.
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Dada esta situación, propuso “un gran acuerdo” que incluya a todos los sectores políticos para defender la Constitución y el Estado social y democrático de derecho con un candidato único para la próximas elecciones que se escogería por una consulta popular interpartidista.
