'Tienen una sola pelea con las cifras como si eso me fuera a devolver a mi compañero, como si eso fuera a borrar los años difíciles que me tocó afrontar después de que mataron a Abelardo. Mi esposo cayó en ese grupo de los ‘falsos positivos’ de este país'. Con esas palabras Meri Barrios intenta ponerle fin a la polémica que se tejió después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciara, a mediados de febrero, que la cifra de ejecuciones extrajudiciales ocurrida en el país entre 2002 y 2008 fue de 6.402 víctimas y no de 2.248.
Aunque el caso del pariente de Barrios se remonta al 15 de septiembre de 2000 y no entra en la fase de tiempo a la que hace referencia la JEP, la mujer celebra la decisión al indicar 'que por fin una entidad del Estado se está poniendo en nuestro pellejo y está dispuesta a emitir condenas por el horrendo episodio que ocurrió en todo el país'.
Abelardo Antonio Yaya Pérez, que contaba con 48 años para la fecha, según el certificado de la Fiscalía, fue asesinado por Alberto Enrique Martínez Macías alias Roberto y Javier Sánchez Arce alias el Calvo, ambos exintegrantes del grupo armado organizado al margen de la ley denominado Bloque Norte de las AUC.
Los hombres admitieron en diligencia de versión libre conjunta, 18 de noviembre de 2011, rendida ante esta Fiscalía delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, que el día 15 de septiembre de 2000 se dirigieron al corregimiento de Sibarco, municipio de Baranoa (Atlántico), 'con un personal urbano, entre esos iban alias el Pollo y ‘el Pepe’, y tres o cuatro agentes del Gaula'.
'Lo sacamos (de la vivienda) y lo llevamos a los lados de Pivijay (Magdalena). Ahí fue torturado, después lo llevamos a Piñuela (corregimiento del mismo departamento) donde fue asesinado. Según información que nos dio el Gaula este señor escondía personal de la guerrilla en su finca', señala el relato.
En el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, Meri Barrios, esposa de Abelardo, recuerda que él trabajaba como operador del acueducto y que días antes de su secuestro y desaparición a su casa llegaron unos hombres para que su compañero les analizara un agua, 'pero todo era un pretexto. Después de eso fue que se lo llevaron', dice.
La mujer, quien hoy cuenta con 60 años, señala que 'nunca' vio a su esposo con un arma en las manos y con algunas 'vueltas raras' que lo pudieran vincular con grupos guerrilleros.
'A los 15 días de su desaparición encontramos el cuerpo de Abelardo, había sido enterrado y estaba identificado como NN (sin nombre). Después de todo eso me tocó muy duro, saqué adelante a mis tres hijos sola. Ese episodio dejó muchos daños en nuestras vidas, en nuestras almas y mentes', asegura Barrios al tiempo que abrazaba a su hija.
Son 1.205 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 2002 y 2008 de los que la JEP tiene registros, siendo La Guajira y Cesar los departamentos que concentran el mayor número de víctimas, 215 y 324.
