La justicia en Colombia suele ser una de las ramas del poder más cuestionadas, debido a los altos índices de impunidad. Hechos recientes como la libertad otorgada a Ramsés Vargas, ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe, procesado por corrupción, y el caso de la familia Ambuila, procesada por lavado de activos, hicieron que el fiscal general, Francisco Barbosa, se pronunciara y pidiera al Consejo de la Judicatura levantar la medida de suspensión de términos.
'Lo que estamos viendo es que en algunos casos, como estos casos emblemáticos, algunos jueces han cumplido y acatado esa suspensión de términos, otros simplemente han corrido los términos, incluso con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia', señaló Barbosa.
Dicha medida fue declarada desde el pasado 25 de mayo y aplica para algunas ramas del poder. Sin embargo, dentro de las excepciones están los procesos penales. EL HERALDO conoció que, tras el llamado del fiscal, justamente este será el tema que tratará el Consejo Superior de la Judicatura durante su reunión de este miércoles.
Dejan libres a Jenny Ambuila y sus padres por vencimiento de términos
Sobre la medida de vencimiento de términos, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, afirmó que la justicia penal no está cumpliendo con el objetivo principal: controlar el delito. 'Es una justicia garantista a favor del victimario y no de las víctimas. Se agrava más en casos de corrupción, como lo hemos visto con el caso de los Ambuila, de Ramsés Vargas, del exsenador Iván Moreno y en todos estos actos donde hay condena o presuntamente delitos de corrupción', expresó.
Por su parte, el abogado penalista Ranfis Narváez precisó que la suspensión de los términos no aplica para la rama penal y refirió que no tendría 'presentación que exista una suspensión de los vencimientos de término de personas que están privadas de la libertad'.
Agregó que la ley señala unos tiempos específicos para resolver el estado jurídico del sindicado. En el caso concreto del ex rector de la Uniautónoma refirió que el abogado actuó en derecho y que le podían otorgar la libertad porque ya los tiempos estaban vencidos. Sobre ello, expresó que lo que se espera es que el aparato judicial tenga mayor eficiencia.
Juez deja en libertad a Ramsés Vargas
El abogado penalista puso de presente que uno de los problemas actuales tiene que ver con la congestión de los casos, de los cuales, detalló que cerca del 70% los pierde la Fiscalía por falta de pruebas. En este mismo sentido, el juez penalista Édgar Bonilla especificó que cada juez de conocimiento ventila entre 1.200 y 1.500 casos y un policía judicial trabaja para 20 fiscales.
'Es imposible, por muy diligente que se quiera ser nunca se va a alcanzar el tiempo para resolver. El Estado tampoco se preocupa por nombrar más jueces, fiscales e investigadores. Eso no es responsabilidad de jueces ni de fiscales, sino del sistema', señaló.
Operación durante la pandemia
De otro lado, Herrera alertó que el único servicio público esencial que no está funcionando de manera integral durante la pandemia por la COVID -19 es la justicia.
'La justicia requiere de inmediato modernizarse para que toda la actuación judicial sea virtualmente. Colombia está en mora de tener un expediente judicial electrónico que sustituya el físico', enfatizó. Sobre el decreto emitido por la emergencia sanitaria, manifestó que comparte la posición del fiscal con relación a que los jueces decretan, en algunos casos preferenciales, cuando sí existe la suspensión de términos y cuando no.
En este sentido, el abogado Narváez precisó que ahora debido a la contingencia el aparato judicial 'está lento, trabajando a menos del 30%'. Agregó: 'Está desorganizado, en este momento no hay un plan de contingencia y están aplazando muchas audiencias. Tenemos personas detenidas sin fecha de primera audiencia, no hay conectividad, no hay forma. Si el sistema era lento de manera presencial, ahora de manera virtual es peor. Es un caos'.
