La Fiscalía propuso ayer cortar el suministro de energía eléctrica en las zonas donde hay laboratorios para procesar la cocaína e invernaderos ilegales de marihuana, como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico.
'La empresa de energía no puede coadyuvar (...) una actividad criminal. Tendrá que privar de energía a los criminales' y eso también implica inhibir 'los flujos de plantas eléctricas en esos territorios', dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a W Radio.
Según Martínez, la estrategia de 'disrupción' apunta a cortar la luz únicamente a los laboratorios o invernaderos ilegales, aunque no ahondó en los detalles logísticos de llevar a la práctica su propuesta ante la complejidad de la geografía colombiana.
También, aseguró, su planteamiento busca menguar la capacidad de producción de los narcotraficantes, que a través de desarrollos tecnológicos e inversiones han ampliado las cosechas de las plantaciones de coca de una anual hace una década a más de cuatro actualmente.
'Lo que estoy planteando es que la política antidrogas en Colombia tiene que renovarse, no podemos seguir haciendo más de lo mismo después de estos últimos 30 años con los resultados que tiene la política antidrogas', afirmó.
La propuesta se enmarca en el alza récord de cultivos de hoja de coca en 2017, con 171.000 hectáreas sembradas, según la ONU, que ratifican a Colombia como el mayor productor de cocaína del mundo tras cuatro décadas de combate al narcotráfico.
Además, en el país hay vastas plantaciones ilícitas de marihuana. Aunque en Colombia es legal la producción, bajo licencia estatal, de cannabis y sus derivados con fines medicinales desde 2015.
El presidente Iván Duque ha dicho que durante su mandato de cuatro años buscará acabar con por lo menos 140.000 hectáreas de narcocultivos, tras la crecida histórica de estos sembradíos que preocupa a EEUU, mayor consumidor de cocaína del mundo.
Como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, el mandatario de derecha prohibió por decreto el porte de la dosis mínima de drogas, despenalizado desde 1994.
