El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció este miércoles que compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador cartagenero Antonio Correa, de Opción Ciudadana, por un caso de ‘mermelada’, cómo se le conoce a los denominados cupos indicativos aparentemente irregulares.
'Mediante este mecanismo se asignaron recursos a las regiones en condiciones de opacidad, lo que facilita la corrupción, hace más complejo su seguimiento y da lugar a que un porcentaje de los dineros públicos se desvíe y no se inviertan integralmente en los municipios beneficiarios. La denominada 'mermelada' se vuelve 'tóxica' cuando el miembro de una corporación pública beneficiario del cupo, logra su direccionamiento a través de una alcaldía vinculada, por medio de la cual se obtiene que un contratista preseleccionado les asegure un porcentaje del contrato', explicó el titular del ente de investigación.
Uno de los alcaldes de los municipios investigados, de Categoría 6 y con marcadas características de marginalidad, manifestó a la Fiscalía que en los proyectos de inversión de estos cupos sólo la mitad se queda en la región: 'hay que pagarle un 12% al congresista, y un 30% adicional lo cobran los grupos armados irregulares'.
Cabe anotar que Correa ha admitido ser cercano a la condenada exempresaria del chance, Enilce López, alias La Gata, con nexos con grupos paramilitares.
Explicó Martínez que el primer caso que ha comprobado la Fiscalía tiene origen en un convenio que se suscribió entre el alcalde de El Peñón, en el sur del departamento de Bolívar, y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de Fútbol 11 en el barrio La Concepción de ese municipio de Categoría 6, al que sólo es posible llegar en ferry por el río Magdalena.
'El convenio fue priorizado en Coldeportes, por tratarse de un cupo de un Senador. Las evidencias acopiadas indicarían que se trata del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado de la República. La investigación da cuenta de que el señor Arling Arias, alcalde municipal, sería un servidor público cercano al senador Correa, quien por conducto de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio $3.491 millones, para la construcción del escenario deportivo', indicó el fiscal.
De acuerdo con la pesquisa, la asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa, señora Mariela Margarita Trujillo Buelvas, habría buscado a un funcionario de Coldeportes para elaborar los diseños del proyecto, con el fin de promover el convenio en su fase inicial. El funcionario de Coldeportes plagió los diseños presentados por otro municipio, que nada tendrían que ver con las condiciones y necesidades de El Peñón, y los radicó en noviembre de 2016.
Por su parte, agrega el organismo penal, el alcalde del municipio habría identificado al contratista que le serviría como firmante del contrato, quien se habría comprometido a pagar una 'coima' equivalente al 12% del convenio a través del congresista y otro porcentaje para el alcalde. En 2017, cuando fue evidente que los diseños no sirvieron, la contratista hizo un pago a funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y viabilizaran técnicamente el proyecto. Aunque se hizo el pago, los diseños jamás fueron ajustados.
Luego, continúa el comunicado de la Fiscalía, en noviembre de 2017 y ante la urgencia de aprobar los proyectos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, un funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a pesar de tener diseños arquitectónicos, hidráulicos, estructurales y eléctricos presuntamente falsos. Este funcionario también habría recibido dinero a cambio y, posteriormente, fue nombrado supervisor del contrato.
'En mayo de 2018 se suscribió el contrato entre la alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón, conociendo los contratistas que el proyecto aún no contaba con los diseños requeridos. Las investigaciones permitieron determinar que el pago del 12% para el congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60% de la 'coima' al inicio de la gestión y el 40% restante al momento de la firma del convenio', advirtió el alto funcionario.
También se determinó que el alcalde de El Peñón habría recibido al menos $50 millones por la gestión y que los funcionarios de Coldeportes habrían recibido $10 millones por realizar los diseños del proyecto y $4 millones por ajustarlos y viabilizarlo.
Además, reporta la información que uno de los funcionarios de Coldeportes, Carlos Hernán Rivera Lozano, tenía una empresa que se dedicaba, según indican las investigaciones, a prestar este tipo de 'servicios', para estructurar los diseños que irían a ser presentados por los diferentes alcaldes municipales para que cumplieran con las normas técnicas, de forma que no tuvieran inconvenientes en el proceso de viabilización de 'cupos indicativos'.
Por esto fueron capturados Arling Arias García, alcalde de El Peñón; Mariela Margarita Trujillo Buelvas, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Antonio José Correa; Gustavo Álvaro Velandia Segura, funcionario de Coldeportes; Jairo Fidel Ortega Chaparro, funcionario de Coldeportes; Edwin Fabián Moreno Ruiz, funcionario de Coldeportes; Carlos Celestino Martelo Sarabia, contratista mayoritario; Vanessa Margarita Deyongh Yepes, intermediaria posterior del contratista y Carlos Hernán Rivera Lozano, exfuncionario de Coldeportes.
