No pasa nada. Tal y como lo aseguró la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, 'el Gobierno no está forzado a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)'.
No hay mejor explicación para esto que la dada por la alta funcionaria: 'estas medidas no son de carácter forzoso puesto que no son obligatorias, porque carecen de un carácter vinculante al no hacer parte de una investigación'.
Las 48 páginas, 180 hallazgos y 41 recomendaciones de la CIDH en lo que respecta a hechos ocurridos en el marco de la protesta social generaron un 'rifirrafe', como se dice coloquialmente, entre esta y el Gobierno nacional quien 'recibió con extrañeza' algunas de las recomendaciones y en palabras textuales de la Canciller 'este tipo de informes jamás aplauden a los gobiernos y siempre tienen reparos'.
Fue el mismo Gobierno quien mencionó 'concordar y coger algunas sugerencias, pero apartarse de otras' que no piensan cumplir. Y si bien es cierto, que Colombia no recibiría ningún tipo de sanción penal o legal por ignorar las recomendaciones de la CIDH expertos consultados por EL HERALDO mencionaron 'sanciones' relacionadas indirectamente con el incumplimiento de las sugerencias.
