Adoptando las sugerencias de la Procuraduría, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, decidió ampliar el macrocaso 01 incluyendo los graves crímenes de lesa humanidad de esclavitud como resultado de la imposición de trabajos forzados.
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El Ministerio Público a través de diferentes escritos, audiencias e intervenciones señaló la calificación jurídica que ahora adopta la justicia transicional frente a este macrocaso que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC.
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“En el auto la magistratura destacó la labor de contrastación de la información contenida en los expedientes y otros aportes realizados desde la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación e Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, en las observaciones presentadas frente al caso 01”, indicó el ente de control.
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Por su parte, la JEP aseguró en su decisión que resolvió acceder a la petición de la Procuraduría en el sentido de que la imposición de trabajos forzados configuró el crimen de lesa humanidad de esclavitud.
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En ese sentido, apuntaron, dicho crimen se diferencia del de graves privaciones de la libertad, (secuestro) en que la imposición de trabajos forzados a las víctimas durante su cautiverio corresponde a una “característica del ejercicio del atributo del derecho de propiedad sobre una persona”, tal como lo había reiterado el Ministerio Público.
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La Procuraduría participará en representación de las víctimas y la sociedad en general en la audiencia de verificación de sanciones, que tienen un componente privativo de la libertad de entre 5 y 8 años para cada responsable, además de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador que deberán cumplir para reparar a las víctimas.
