El juez 81 de control de garantías de la capital, Freddy Guarín Urrego, dictó anoche medida de aseguramiento en La Picota y el Buen Pastor contra el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez –de filiación política Cambio Radical– y su secretaria de Educación, Dilcey Acosta, respectivamente, por presuntas irregularidades con el contrato de alimentación de los niños escolarizados de estratos 1 y 2 de la capital de La Guajira.
'La corrupción socava la institucionalidad de los pueblos', inició planteando el togado en su decisión: 'y se reprocha sobre todo en este caso que se hayan afectado derechos de menores de edad'.
Sobre el delito de peculado de apropiación a favor de terceros, advirtió que 'la Fiscalía ha aportado pruebas del hecho de que se pagaron servicios que no se prestaron' y agregó que 'no se controló debidamente la inversión de los dineros públicos'.
Frente al punible de celebración de contrato sin los requisitos legales, Guarín criticó: 'la obligación del alcalde de Riohacha era revisar enteramente el contrato y su ejecución, no solo firmar', señalando además que 'se contrató ilegalmente con Asocar a pesar de no tener idoneidad y de que no podía respaldar el contrato'.
Y acerca del delito de falsedad en documento público, imputado solo a Acosta, dijo el juez que 'se presentaron cuatro actas con información falsa sobre la ejecución del contrato, suscritas por la secretaria de Educación'.
Finalmente, sobre la necesidad de la medida, expuso el administrador de justicia: 'la continuación de Velásquez en el cargo de alcalde podría afectar los bienes jurídicos tutelados. Y de continuar en libertad, los funcionarios continuarán con la afectación injusta a la sociedad de Riohacha'.
Lo que dijo la defensa. Los abogados defensores del alcalde y de su secretaria pidieron no avalar la solicitud de medida de aseguramiento en su contra por cuanto 'el contratista Asocar sí era idóneo para el contrato del PAE' y porque el burgomaestre 'firmó los pagos debido a que los documentos estaban en regla'.
En su intervención, Rafael Suárez, defensor de la secretaria, advirtió que 'la propia fiscal reconoce que Asocar sí había celebrado contratos incluso con el ICBF y además acreditó su idoneidad debidamente, y eso contradice lo expuesto por la Fiscalía'.
Agregó que 'la Fiscalía ha querido además satanizar los modificatorios, y esos modificatorios fueron avalados por el Ministerio de Educación, y es que el aumento planteado en el contrato fue para mejorar el componente alimenticio y ampliar la cobertura'.
Luego alegó María Velandia, abogada del alcalde, que 'las preguntas de los investigadores al personal de las escuelas de Riohacha fueron direccionadas, y las respuestas de las manipuladoras de alimentos tienen similitudes evidentes'.
Vigilancia especial
El procurador Fernando Carrillo envió a La Guajira a la procuradora delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, y a la jefa de la Oficina Jurídica, Catalina Balcázar, para que, en el término de tres días, le presenten un informe detallado con las recomendaciones de 'acción integral' que permitan identificar el estado y avance de las investigaciones disciplinarias por los hechos relacionados con la desatención y la muerte de niños en ese Departamento. En 2016 fallecieron 88 menores.
