Mientras Gustavo Petro anuncia en la Casa de Nariño que irá a las Naciones Unidas a denunciar que el “Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz”, el orden público está desbordado a lo largo y ancho del país, por cuenta del comportamiento criminal de organizaciones con las que Petro quiere firmar la llamada “paz total”.
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Al director de la cárcel La Modelo, coronel Élmer Fernández, lo asesinaron el pasado jueves en el norte de Bogotá, cuando se dirigía a su residencia. La orden de matarlo salió, al parecer, desde las celdas de la Modelo. El principal sospechoso –según las autoridades– es Pedro Nel Caro Triana, alias Pedro Pluma, condenado por el asesinado de varios policías, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, entre otros delitos.
En Miranda, Cauca, guerrilleros pertenecientes a las disidencias de alias Iván Mordisco, bajo el mando de alias John Maro, jefe de la columna ‘Dagoberto Ramos’, activaron una bomba que causó la muerte dos personas, entre ellas un menor de edad y dejó heridas a otras dos personas. Desde hace varios meses, el Cauca está sitiado por los delincuentes.
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En el Meta, la gobernadora Rafaela Cortés clama al Gobierno nacional para que desplace un mayor número de soldados para que enfrenten a las disidencias y eviten así una mayor presencia guerrillera en todo el departamento. Hasta el momento, su clamor no ha sido escuchado ni por Petro, ni por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. La gobernadora Cortés reiteró su negativa a recibir el colegio ‘Gentil Duarte’, construido por las disidencias de las Farc en los Llanos del Yarí, en “honor” a uno de los jefes guerrilleros desaparecidos.
En el Chocó, la también gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi aprovechó la visita de Petro a Bojayá, para suplicarle que no deje solo al departamento ante la arremetida de grupos guerrilleros y también del llamado Clan del Golfo. “En cinco meses no hemos recibido ni una sola visita, ni hemos tenido una sola reunión con el comisionado Otty Patiño, para reactivar la mesa de diálogos de paz. Nuestros jóvenes ya están perdiendo la esperanza”, le dijo la gobernadora Córdoba a Petro.
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El asesinato de líderes sociales tampoco para. En lo que va del 2024 han sido asesinados en Colombia 60 líderes sociales, cifra muy superior a la de todos los años anteriores para la misma fecha. Jaider García Uribe –militante de Colombia Humana– se convirtió en líder social muerto más recientemente. García Uribe fue atacado a tiros cuando viajaba en su vehículo muy cerca de Puerto Triunfo, Antioquia, el pasado 4 de mayo. En el 2023 fueron asesinados en el país 181 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
De manera que cuando Petro vaya a las Naciones Unidas a denunciar el incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos de paz firmados con las Farc, debería aprovechar para reconocer su propia incapacidad –como jefe del Estado colombiano– de garantizar no solo la paz, sino la vida de millones de colombianos que hoy están sometidos a la arremetida de las organizaciones criminales con las que quiere firmar la “paz total”.
