Es una incógnita lo que puede pasar en términos jurídicos con la prófuga excongresista barranquillera Aida Merlano Rebolledo de llegar a entregarse –como lo habría anunciado en una carta a mediados de diciembre– y de llegar también a materializar una eventual colaboración con la justicia en torno a la organización criminal de compra y venta de votos en el Atlántico, como la ha catalogado la propia Fiscalía.
Esto porque el fiscal general (e) Fabio Espitia ha advertido que no hay lugar a beneficios para quienes se fugan. Pero su abogado defensor, Bladimir Cuadro, le dijo a EL HERALDO que lo que esperan es, precisamente, poder aportar a la verdad en el proceso y recibir las prebendas que trae el sistema penal para aforados.
Entre tanto, penalistas y académicos como Ricardo Ordóñez y Óscar Sierra no ven tan clara la posibilidad de que la atlanticense pueda negociar con la justicia.
El anuncio de la entrega
En una carta publicada por su hija, Aida Victoria Merlano Manzaneda, hace un par de semanas, la exsenadora adelantó que tiene 'toda la intención' de entregarse a las autoridades y de 'colaborar para esclarecer los hechos, involucrando a todos los responsables'.
En la misiva asegura además Merlano Rebolledo: 'Solo quiero garantías, porque fui condenada a una pena por fuera de lo legal y con vulneración de mis sagrados derechos constitucionales'.
Advierte así mismo que en su proceso 'se omitieron y/o restaron valor a unos poderosos videos, entre otras irregularidades, donde se ve a los mismos funcionarios de Policía, que me hicieron el allanamiento en mi sede política, sacarse de sus chaquetas las pruebas ilegales por las cuales me condenaron. (…) Jamás el magistrado que me juzgó indagó, como era su deber, de dónde provenía ese montaje o quienes lo pagaron o dieron esa pruebas falsas'.
Y concluye la excongresista conservadora: 'Solo pretendo, reitero, se me juzgue legalmente y se me respeten mis sagrados derechos para someterme al imperio de la Ley. Ya estoy buscando legalmente la forma para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sea esta respetable entidad quien garantice en mi caso un juicio justo con apego a la Constitución y la Ley, y no por señalamientos e intereses políticos y económicos'.
