La insólita fuga de la excongresista barranquillera Aida Merlano mientras se le practicaba un diseño de sonrisa en un consultorio del norte de la capital y era custodiada por solo una guardiana, desató una vez más el debate sobre el Inpec y el Sistema Penitenciario en el país.
Las propias autoridades estatales reconocen el problema. La ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello, advirtió hace poco: 'Hay que revisar muchas cosas del Inpec, todos sabemos que el Inpec tocó fondo, las cárceles tocaron fondo, y nos toca como Gobierno enfrentarlo. (…) Pensar en liquidarlo implica analizar también qué viene después de eso, lo miramos como una de las posibilidades pero también hay que tomar medidas inmediatas'.
El procurador Fernando Carrillo, a su vez, consideró: 'Necesitamos hacer una gran reflexión en Colombia sobre el sistema penitenciario, aquí no es únicamente la eliminación del Inpec lo que está de por medio o la eliminación de los sindicatos del Inpec, aquí hay que reflexionar sobre la voluntad política que tenemos para pensar en una reforma transversal e integral al sistema penitenciario, en los recursos que necesita la rehabilitación carcelaria y ese es un debate absolutamente pendiente'.
Mientras tanto, diagnósticos del Gobierno proponen eliminar la Uspec —el ala administrativa del Inpec— y el paso de los guardianes al Ministerio de Defensa —a raíz de los más de 80 sindicatos que tiene el Instituto—.
Regular detenciones
El exministro de Justicia, Yesid Reyes, le dijo a EL HERALDO que la solución no es una sola y que limitarse a liquidar el Inpec no arregla ningún problema: 'Si se liquida hay que crear una entidad que la reemplace y esa entidad va a tener problemas, primero porque hay un hacinamiento carcelario importante, segundo porque no hay tecnología en las cárceles para ayudar con la vigilancia y tercero porque los desplazamientos de los internos fuera de los centros de reclusión genera siempre riesgos de seguridad y de fuga'.
Una de las medidas para solucionar el problema de hacinamiento es, opina el jurista, la construcción de nuevos cupos carcelarios y la modernización de varias de las cárceles del país. Pero, agregó, también es importante usar la detención preventiva solo para los casos en que sea estrictamente necesaria.
'Hay que procurar que los fiscales pidan las medidas de aseguramiento solo cuando sean indispensables y los jueces las concedan solo cuando sean indispensables. Eso ha funcionado bien en los últimos tres años y el hacinamiento ha bajado cerca de siete puntos solo con esa medida', indicó.
El Estado, añadió, pierde $22 billones en demandas por privaciones injustas de la libertad: 'Esa plata que se está desperdiciando se pudiera invertir en el mismo Inpec y en construcción de cárceles'.
Otro planteamiento que hace Reyes es que debe garantizarse la financiación para que los municipios puedan hacerse cargo de su obligación legal de construir y mantener las cárceles para sindicados.
'El manejo de los sindicados no le corresponde al Inpec. Si usted le quita al Inpec el 34% de los presos, que son sindicados, al Inpec le sobran cupos. Hay es que buscar la manera de que los municipios puedan financiarse la construcción y sostenimiento de las cárceles', señaló.
Finalmente, el exministro propone hacer audiencias judiciales virtuales 'para reducir el valor y los riesgos de seguridad en los traslados de los prisioneros'.
Privatizar
En diálogo con EL HERALDO, el exfiscal General de la Nación, Mario Iguarán, recordó que a comienzos de 2016 se reveló que ocho de cada 10 ciudadanos no confiaban en la justicia en el país.
'Esa cifra ya era alarmante, pero hoy, con escándalos como el de Aida Merlano, me atrevería a decir que la problemática se ha acentuado. Ante ello, es necesaria una profunda reestructuración del Inpec, para que sea una institución más transparente'.
Agregó que es necesario, incluso, ir más allá: 'En países como Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda o Japón existe un sistema carcelario con amplia cooperación del sector privado, en el que incluso hay varias cárceles que se manejan en un sistema de concesiones a operadores expertos. Esto ha permitido grandes avances en cuanto a eficiencia y optimización'.
Por lo anterior, dijo el legista, es tiempo de que el país se mueva en esa dirección, en lugar de centrarse en 'debates estériles acerca de si el manejo de las cárceles debe dejarse en manos de otras instituciones públicas, en donde el problema de la alta burocratización, ineficiencia y baja transparencia simplemente se replicará'.
Y concluyó el exfiscal que los fines esenciales del sistema, tales como la resocialización y el trato digno a los internos, solamente podrán alcanzarse en presencia de un sistema mucho más eficiente.
Inyección de recursos
El exdefensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, consideró en entrevista con esta Casa Editorial que dejando de lado si hay que reformar, acabar o privatizar el Inpec, 'que son las propuestas que suelen salir al aire cuando suceden temas de esta naturaleza, lo primero es que el Estado garantice los recursos para fortalecer el sistema carcelario, porque lamentablemente año tras año vemos que es una institución que se queda relegada, las cárceles desactualizadas, casi que el 70 u 80% no reúne los requisitos que requiere una cárcel, sus estructuras son viejas y algunas de ellas tienen en riesgo a la población carcelaria'.
Así mismo, sobre este asunto puso de presente un informe reciente del Ministerio de Justicia que indica que 'el Inpec está funcionando con el 48% del personal que debería tener', por lo que 'hay que duplicar o triplicar el presupuesto, porque si lo van a administrar un particular, que sería lo ideal, como ocurre en muchos países, las condiciones, los requisitos, las exigencias, llevan a que se dispare el presupuesto'.
Frente a la situación concreta que facilitó la fuga de Merlano, el exfuncionario del ente del Ministerio Público advirtió que 'si el Inpec tuviese los establecimientos de salud apropiados, no tienen por qué los internos estar saliendo con guardias a caminar la ciudad'.
Por último, el exdefensor opinó que las propuestas de populismo punitivo le hacen daño al sistema penitenciario, porque 'cuando se van a incrementar penas, cuando se van a crear nuevos delitos, eso tiene que ir con un estudio de la mano del sistema carcelario, del sistema judicial y por eso tenemos la justicia que tenemos, porque aquí con el populismo punitivo creemos que los problemas de la sociedad se solucionan creando nuevos tipos penales, aumentando las penas o hablando de cadena perpetua'.
