La Corte Suprema de Justicia informó este jueves que en el curso de la indagación previa contra el senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez, la Sala Penal declaró de lesa humanidad los delitos asociados a las masacres paramilitares en Antioquia de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de DDHH, Jesús María Valle, quien precisamente fue muerto por denunciar las matanzas.
El magistrado ponente, Fernando Bolaños, advirtió que la idea es evitar que las investigaciones prescriban, pues el proceso estuvo cuatro años engavetado en el despacho del cuestionado magistrado cartagenero Gustavo Malo, señalada cabeza del ‘cartel de la toga’.
Así las cosas, en las pesquisas contra el líder del Centro Democrático, el máximo tribunal de la justicia ordinaria persigue llenar de garantías el proceso para que los investigadores tanto de esa corporación como de la Fiscalía puedan investigar el tiempo que se requiera al senador.
En el fallo que dicta auto inhibitorio a favor del senador Iván Cepeda, por un montaje en que se le señala de usar falsos testigos contra Uribe Vélez, y ordenan investigar al expresidente por desviar testigos contra Cepeda, la Corte solicita 'al magistrado ponente a cargo de la investigación 45.110, que cursa en esta Corte en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, se sirva rendir un informe a la Sala de Casación Penal acerca del estado actual de esa investigación, teniendo en cuenta que la misma se encuentra en ese despacho desde el mes de diciembre de 2014, sin que a la fecha se hayan tomado decisiones en algún sentido y se desconoce si la investigación ha tenido impulso procesal'.
Agrega el documento que 'dicho asunto, no está de más anotarlo, inició con ocasión de la denuncia del señor Jesús María Valle Jaramillo (QEPD) por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento La Granja en 1996 y posteriormente, con ocasión de la denuncia presentada por el doctor Iván Cepeda Castro y las entrevistas tomadas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve'.
El proceso preliminar contra el expresidente es por el delito de concierto para delinquir por la presunta promoción de grupos armados ilegales de extrema derecha.
Esa pesquisa también se lleva por la supuesta participación de Uribe en la conformación de grupos paramilitares, que permanecían en la Hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, y por la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.
La masacre de El Aro fue perpetrada en octubre de 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Y Jesús María Valle, profesor y activista, fue asesinado por paramilitares en febrero de 1998.
En la condena de febrero pasado del Tribunal Superior de Medellín contra los terratenientes antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, por el crimen del defensor de DDHH, se lee que 'existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Álvaro Uribe Vélez'.
