Migración Colombia hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos para que acaten la medida de aislamiento obligatorio y en caso de requerir retornar a su país, coordinen estos procedimientos con las alcaldías locales, bajo el riesgo de la imposición de sanciones administrativas y penales, en caso de su incumplimiento.
La autoridad migratoria colombiana recordó que actualmente, tal y como lo ordenó el presidente Duque y está estipulado en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y las administraciones locales, todo el país se encuentra en un periodo de aislamiento obligatorio, el cual restringe la movilidad de ciudadanos nacionales y extranjeros, incluidos los venezolanos, no solo dentro de las ciudades, sino también por carretera.
Esta medida busca evitar la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional.
'En ese orden de ideas y entendiendo la situación que se ha presentado con algunos migrantes venezolanos que de manera voluntaria han manifestado su deseo de salir del país, el Gobierno Nacional ha coordinado con las alcaldías y gobernaciones, unos procedimientos excepcionales para realizar el paso de personas hacia Venezuela de una manera controlada, buscando que los mismos no representen un riesgo en materia sanitaria para las comunidades', añadió la entidad a través de un comunicado.
Estos procedimientos, aclaró Migración Colombia, están sujetos a la disponibilidad diaria que tenga Venezuela para la recepción de sus connacionales, la cual, a la fecha, está fijada en 200 personas por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario – Norte de Santander y 100 personas por el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca.
Frente la salida de buses de servicio especial contratados por ciudadanos venezolanos, Migración Colombia informó que en caso de que los mismos hayan iniciado el recorrido sin ningún tipo de coordinación o autorización por parte de la alcaldía, serán inmovilizados hasta que haya disponibilidad para su tránsito en frontera y sus ocupantes serán sujetos de una sanción administrativa, que incluso podría llegar a la imposición de una medida de deportación o expulsión, la cual les impedirá ingresar a Colombia por varios años, así como acceder a beneficios migratorios como el PEP.
Respecto a las empresas de transporte, la autoridad migratoria colombiana recordó la obligación que tienen estas de reportar el listado completo de pasajeros a través de la plataforma SIRE, que se encuentra en la página web de la entidad, so pena, en caso de no hacerlo, de una sanción de hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así como el cumplimiento de las demás regulaciones expedidas por los Ministerios de Transporte y de Salud.
