La Procuraduría General de la Nación (PGN) indicó este miércoles 26 de junio la formulación de cargos contra la exministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, por el presunto incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Panam Sports Organization, que provocó la pérdida del negocio jurídico y el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla.
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El Ministerio Público señaló que 'la posible actuación de la exministra produjo la pérdida de más de dos millones dólares que pagó la Alcaldía de Barranquilla', se lee en el documento.
De igual manera, en el expediente también se incluyó al secretario general del Ministerio, Luis David Garzón Chaves, por presunta responsabilidad en la pérdida de los Juegos Panamericanos.
'La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que tanto la jefe de la cartera como el secretario general, Luis David Garzón Chaves, a quien también se incluyó en el expediente, habrían permito el incremento en el patrimonio de la empresa en detrimento de la ciudad en 2 millones 250 mil dólares que había pagado la Alcaldía como parte de lo establecido y que se perdieron por el impago del Ministerio', añade el boletín 693-2024'.
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Como parte de la actuación disciplinaria, el ente de control determinó que la exministra 'posiblemente quebrantó los principios de eficacia, diligencia y celeridad de la función pública al resolver el 27 de diciembre de 2023 no suscribir el contrato y no honrar el compromiso asumido de hacer efectivo el monto pactado de acuerdo con el plan de pagos establecido el 30 de diciembre', reza el documento emitido este miércoles.
Respecto al caso del secretario, quien era ordenador del gasto, 'pasó por alto el principio de eficacia al supuestamente detener el proceso contractual para modificar la forma de pago a través de un acto administrativo, con lo que se afectó de manera grave la imagen, seriedad y credibilidad del Estado colombiano', afirmó la PGN.
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El Ministerio Público indicó además que los servidores actuaron de manera consciente y libre, es decir, de forma voluntaria y con conocimiento, a pesar de las advertencias de los efectos negativos que tendría incumplir el contrato ciudad.
Debido a esta situación, que al parecer fue omitida y que produjo las consecuencias referidas, la PGN calificó de manera provisional la presunta conducta de los funcionarios como 'falta gravísima cometida a título de dolo'.
