La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra varios ministros, exministros y funcionarios del gobierno por supuestas irregularidades en el cambio de modelo de atención en salud de los docentes.
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El ente de control revisa el riesgo en que se encuentran recursos por $18,2 billones debido al lío del Fomag ante la presunta operación del servicio sin la contratación debida y sin garantía de pagos.
Esto luego de la alerta que hizo el Ministerio Público en un informe preventivo que le fue expedido a los integrantes del consejo directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag.
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Se trata de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la exministra de Educación, Aurora Vergara; Jhon Mauricio Marín Barbosa, presidente de la Fiduprevisora; el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal; Georgina del Carmen Arroyo Gutiérrez, representante de Fecode y miembro del consejo; Christian Rey Camacho, representante de Fecode y miembro del consejo; Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta (e) del Fomag — Fiduprevisora.
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El procurador delegado Esiquio Manuel Sánchez pone de presente que el Ministerio Público emitió un informe que dice que, desde el primer mes de implementación del modelo de salud, este no iba a funcionar bien.
Por ello el ente de control ordena en medio de la pesquisa practicar una inspección disciplinaria a la Fiduprevisora, una inspección disciplinaria y/o oficiar a la Superintendencia Nacional de Salud y una inspección a los ministerios de Educación y Salud.
De acuerdo con el órgano de control, “presuntamente hubo improvisación y fallas en la estructuración, adopción e implementación del nuevo modelo de salud, que dio lugar a la falta de continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio, al haberse realizado sin tener en cuenta las capacidades jurídicas y técnicas de FIDUPREVISORA para prestar servicios de salud y que estarían referidas a contratación tardía de las IPS”.
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Además, recalca supuestas “falencias en la aprobación del régimen tarifario aprobado por valores por debajo de lo establecido para el régimen común, falta de claridad en la entidad encargada de realizar el giro de los recursos y auditar las cuentas, y permitir la prestación de los servicios de salud y entrega de medicamentos sin previa autorización y a través de la facturación bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa SOAT plena”.
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El Ministerio Público expuso que presuntamente el Superintendente Nacional de Salud avaló el nuevo modelo de salud del Magisterio, sin realizar la verificación del alistamiento para su operación, entre ellas la previa y efectiva contratación de la red de prestación de servicios de salud, además de imponer medidas a entidades que no hacen parte del régimen de salud.
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Según lo revelado por la Procuraduría supuestamente el Ministro de Salud no habría realizado el debido acompañamiento técnico al proceso de implementación por parte de la Fiduprevisora.
