Dos sicarios motorizados asesinaron en las últimas horas a la lideresa social de la vereda La Estrella, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, Gloria Ocampo, de 37 años de edad, quien había sido delegada ante el programa de sustitución de cultivos ilícitos.
En los hechos también perdió la vida un vecino de la activista, identificado como Heladio Moreno, de 69 años de edad, quien estaba al lado de la lideresa cuando los asesinos dispararon.
Los sicarios llegaron hasta la vivienda de la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Estrella, le preguntaron su nombre y cuando la víctima les confirmó su identidad, abrieron fuego en su contra, descargando varias balas en su humanidad y en la de su vecino, a pocos pasos de ella.
El coronel Mauricio Rico Guzmán, subcomandante de la Policía del Putumayo, afirmó que la entidad envió un grupo especializado para investigar el crimen de Ocampo y adelantó que en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad en la zona para evaluar lo sucedido.
El crimen se produce pocas horas después de que se confirmara para este miércoles la reunión entre el presidente Iván Duque y el líder social de Bojayá, Chocó, Leyner Palacios, quien fue amenazado luego de que denunciara la presencia de al menos 300 paramilitares en el corregimiento de Pogue, confinando a un centenar de familias, en el marco de las disputas de rutas del narcotráfico con la guerrilla del ELN.
Tras las denuncias de Palacios, la cúpula de las Fuerzas Militares arribó a la localidad del Pacífico, recordada por la masacre que tuvo lugar en 2002, en la que perdieron la vida más de 100 civiles, en medio de los enfrentamientos entre los desaparecidos grupos ilegales Farc y AUC.
También hizo presencia en el municipio durante el pasado fin de semana el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien exigió este martes a los grupos armados ilegales del ELN y el Clan del Golfo, también llamado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, detener la siembra de minas antipersonales en Bojayá, debido al alto riesgo al que están sometiendo a las comunidades de esa región del país.
'Confinar a la población, a través de la instalación de minas antipersona, es un grave delito internacional, y por eso insistimos en que el ELN debe pasar la página del uso del secuestro y del uso de las minas antipersona. Ambos fenómenos se dan en el Chocó y en esta zona de Bojayá', afirmó el comisionado en declaración a medios periodísticos en la Casa de Nariño.
Advirtió además Ceballos que debido a las condiciones actuales de seguridad de la zona no es posible hacer desminado humanitario: 'Nosotros podemos hacer desminado, pero a través de los equipos de antiexplosivos del Ejército y de la Fuerza Pública. No podemos hacer desminado humanitario, porque una de las condiciones fundamentales para el desminado humanitario es que las organizaciones civiles que lo hacen estén desarmadas, y las condiciones de seguridad que se dan hoy en la zona no lo permiten'.
Dijo el funcionario que los grupos armados criminales están sembrando minas en ese territorio para 'proteger' los corredores por los cuales transportan el clorhidrato de cocaína hacia el océano Pacífico.
Entre tanto, las Fuerzas Militares encontraron dos fosas con seis cadáveres en Nariño, presuntamente de guerrilleros que se marginaron del proceso de paz y están implicados en el narcotráfico, según un comunicado oficial difundido este martes.
En las excavaciones 'fueron hallados seis cuerpos, que al parecer corresponden a integrantes de los Gaor', o Grupos Armados Organizados Residuales, señaló el alto mando militar.
Según los militares, a finales de 2019 se registraron enfrentamientos entre grupos armados en la población de Olaya Herrera, en Nariño, zona que es considerada un corredor estratégico para la salida de cocaína hacia Estados Unidos, a través de Centroamérica, y que también concentra gran cantidad de narcocultivos.
El Gobierno señala al narcotráfico como responsable de la espiral de violencia que desde 2016 se ha cobrado la vida de al menos 303 líderes sociales o activistas de derechos humanos, y de 173 excombatientes de las Farc.
En diciembre, la autoridad forense estimó que en el país hay unos 200 mil cuerpos sin identificar que enterrados en fosas legales y clandestinas.
