En medio de la controversia en la que está envuelto el país tras el proyecto de ley, radicado por los congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Christian Garcés, que pretende tumbar la prohibición actual del porte de armas, el líder natural de esa colectividad política, Álvaro Uribe Vélez tomó distancia de la iniciativa.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente —refiriéndose a la polémica— mencionó: 'Tema muy delicado, no pidamos generalización de porte de armas, manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas'.
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El pronunciamiento fue posterior a lo dicho por Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, quién afirmó que 'Las armas no son derecho en Colombia' y que 'conforme a la Constitución. Controlar rigurosamente las armas que tienen permiso y perseguir implacablemente las ilegales, contribuye a reducir el delito'.
Asimismo, el consejero presidencial advirtió que 'el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra, ni el porte de armas' y que la política del Gobierno de Iván Duque es el 'desarme general'.
La cuestionada propuesta busca reformar el artículo 41 del decreto 2535 de 1993, donde se establece los criterios con los que las autoridades pueden suspender el porte de armas, el cual actualmente le da derecho a las autoridades nacionales y locales a suspender dicho porte a discreción de estos.
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Con este proyecto de ley, se reduciría la autoridad de prohibición, la cual podría utilizarse únicamente a dos: cuando se cumpla con las condiciones de los artículos 212 y 213 de la Constitución Política. Estos artículos se centran en las formas como el Estado puede declarar la guerra o el estado de conmoción interior.
Es decir, con esto se eliminaría eliminar la figura de portación especial de armas dispuesta bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, que limita su uso exclusivo a personas que cumplen con ciertos requisitos.
Pues según los congresistas ponentes 'redujo las posibilidades de protección personal a miles de colombianos que venían beneficiándose del poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado'.
Afirmando que 'la intención no es armar a todos los colombianos, sino fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas, fomentando el registro de las mismas, con un proceso de requisitos y tiempos claros para que las autoridades expidan permisos de tenencia y porte a la ciudadanía que opte por protegerse con un arma de corto alcance'.
