Durante su visita a la ciudad de Barranquilla, el expresidente chileno Ricardo Lagos hizo una brillante exposición académica en el panel “Expogestión 2013”, donde, entre otros mensajes, conceptuó: “Por su cercanía y ubicación estratégica, los puertos costeños deben integrarse como un solo gran puerto colombiano en el Caribe, lo que les permitiría fortalecerse y ser más competitivos internacionalmente”. Confieso que en materia de puertos soy un profano, pero no en regionalización, razón por la cual me atrevo a opinar tangencialmente sobre la iniciativa del conferencista.
Según el ingeniero y destacado economista caribeño Manuel Vives H., residenciado en EEUU, en un artículo intitulado “Mega Región Caribe”, publicado en circulación cerrada de internet en 2012: “El desarrollo regional puede crear la riqueza necesaria para todos si lo proyectamos pensando en el interés nacional”. Seguidamente, al referirse a las mega-regiones a nivel mundial, sostiene que estas deben ser áreas contiguas, entre otras exigencias. Siendo así, aquí es donde entro en terreno conocido para mí. En el año 2002 se expidió por nuestro Congreso la Ley 768 de ese año, denominada “Ley de Distritos Costeños”, que fue elaborada en el año anterior por un grupo de asesores caribeños, en distintas especialidades, entre los cuales participé en el área constitucional.
Pues bien, ese Estatuto creó en el art. 42 el “Área Metropolitana del Litoral Caribe”, compuesta por los distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, junto con los municipios y entidades territoriales contiguos a cada uno de estos, que estén localizados dentro de la franja litoral existente entre los tres distritos. La finalidad de esa asociación era primordialmente la integración regional para el desarrollo económico y social, la prestación compartida de servicios públicos y la ejecución y financiación de megaobras, de beneficio común, tales como un tren de cercanías entre Barranquilla y Cartagena y un mega-aeropuerto entre las dos ciudades. Pero, desgraciadamente, el Área Metropolitana del Caribe no arrancó, bien por desidia o por celo político y rivalidad parroquial entre los dos distritos más desarrollados. Pasaron 11 años desaprovechados estérilmente por la clase política y empresarial, y los alcaldes distritales de turno, hasta cuando llegó el Gobierno de la “Unidad Nacional”, uno de los más centralistas y excluyentes regionalmente para el Caribe colombiano en muchas décadas, que resolvió reglamentar, por medio de la Ley 1617 de 2013, de carácter orgánica, todos los distritos existentes en el país y le recomendó, supongo, al ex ministro del Interior, Fernando Carrillo, eliminar el Área Metropolitana del Caribe, como en efecto ocurrió, por falta de respaldo regional de los congresistas de nuestro Caribe, quienes se dedicaron a negociar y no a ‘socializar’ el articulado de la Ley de marras. En reemplazo de la figura mencionada, el ministro Carrillo, con el activo y preponderante cabildeo del presidente del Senado, el sagaz parlamentario Roy Barreras, del Valle del Cauca, incorporaron en el art. 130 de la Ley de Distritos el “Área Metropolitana del Pacífico”, colocando al puerto de Buenaventura como municipio básico. Tamaño despojo regional solo se compara con el que nos hizo el poderoso país del Norte, con Panamá en 1903.
Por Ricardo Barrios
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