Ana Pastor, la ministra de Fomento de España, se perdió la fiesta navideña de los Reyes Magos. En vez de regalos y cabalgatas, la responsable de Infraestructuras viajó a Centroamérica para mediar en el conflicto que estalló a principios del año nuevo entre la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio liderado por la constructora española Sacyr. Este grupo ha amenazado con parar las obras de la nueva ruta de la vía marítima si no se le compensa por los sobrecostes que han surgido de forma supuestamente inesperada. Es la segunda vez en apenas dos meses que el Gobierno español acude en ayuda a las multinacionales del país en América Latina. En noviembre, el ministro de Industria, José Manual Soria, estuvo en Buenos Aires para resolver la indemnización que el Estado argentino pagará a la petrolera Repsol por la nacionalización de YPF.
La diplomacia española últimamente está más volcada que nunca en promover lo que llama la “Marca España” y ayudar a las empresas domésticas en su expansión internacional. Con el fin del boom económico hace cinco años, muchas empresas españolas han desdoblado sus esfuerzos para encontrar negocios en otros países, especialmente las grandes constructoras que se han quedado prácticamente sin actividad en el mercado doméstico después de la locura del ladrillo. Ahora, los directivos de los grandes grupos como ACS, Ferrovial, FCC o Sacyr frecuentemente acompañan a ministros o incluso al propio rey Juan Carlos en los viajes por el mundo para conocer y aprovechar oportunidades de negocio. El esfuerzo de la expansión internacional ha dado sus frutos. Empresas españolas han ganado prestigiosos proyectos, como el tren de alta velocidad a La Meca, la conexión Crossrail en Londres o precisamente el Canal de Panamá.
El Gobierno no solo ayuda al facilitar contactos. Muchos proyectos en el extranjero cuentan con garantías estatales a través de Cesce, una aseguradora semipública que ha sido criticada por la poca transparencia con la que otorga los avales. En el caso de Sacyr, en Panamá, el Tribunal de Cuentas español denunció irregularidades en la concesión de una garantía de Cesce.
La ministra Pastor dejó claro en su visita a Panamá que el gobierno no pondría ni un euro para salvar las obras de Sacyr en el Canal. El consorcio echa la culpa por el sobrecoste a información errónea que le habían facilitado las autoridades, pero también es cierto que la oferta en el concurso del grupo fue muy por debajo de lo que habían calculado los dos competidores. Durante los años del boom en España, el gasto de las obras públicas con frecuencia superaba lo originalmente presupuestado y las administraciones públicas normalmente pagaban el extra sin rechistar.
Por ello, el gobierno hace bien en negar ayudas públicas a Sacyr. Una cosa es fomentar la expansión internacional de las empresas nacionales por la vía diplomática, como hacen todos los países. Pero otra cosa es dar dinero del contribuyente para asegurar la rentabilidad de estos proyectos.
@thiloschafer