Por alguna razón u otra, aprendimos de manera equivocada que las fronteras de Colombia solo eran terrestres, lo que ha impedido ver el mar, sus recursos hidrobiológicos y sus playas, como algo diferente a sitio de relajamiento y turismo.
El Caribe colombiano, cuenta con 1.642 Km de línea de costa, y el Pacífico con 1.300 Km., y ambas conforman el 28,53% del total del área terrestre de Colombia, donde estudios han determinado la existencia de una erosión creciente que ha logrado desaparecer total o parcialmente varias zonas de playa y/o el retroceso y destrucción de zonas de acantilados, que coloca a esas áreas geográficas en estado de permanente riesgo.
Los estudios los han elaborado bajo una visión ambiental el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Ivemar, Ideam, Dimar, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y otros, teniendo en cuenta la hidrodinámica sobre oleaje, descargas fluviales, corrientes de los litorales, cambio climático, ascenso en el nivel del mar y otra serie de variables.
Esa nueva visión ambiental sobre las costas, playas y zonas de bajamar está presente también en la tecnología que usa la Dimar desde 1996 llamada Lidar (Light Detection and Ranging) para la identificación del límite entre la zona de uso público y la privada, que no concuerda con las definiciones legales que fueron tomadas hace mucho tiempo del Manual de Protección Costera del cuerpo de ingenieros de la armada de los Estados Unidos.
Lo anterior ha generado un problema tan grande como el primero, ya que grandes zonas y áreas privadas que estaban -y hoy mucho más-, cerca del mar o de sus playas y que antes eran privadas, porque cuentan con todos los elementos jurídicos para serlo, y que incluso han tenido pronunciamientos judiciales en el mismo sentido, están siendo afectadas y consideradas como zonas de uso público, al punto que gran parte de Cartagena, para citar un solo ejemplo, deberá pronto solicitar en conjunto una concesión “habitacional”, para poder seguir existiendo legalmente como ciudad y no como invasión.
Por ello, a buena hora, se propone una Ley de Costas, que a iniciativa del senador Álvaro Ashton se ha presentado al Congreso de la República, que pretende unificar una legislación dispersa sobre el tema y responder desde el legislativo al deterioro progresivo de nuestras costas, pero que también debe contribuir a solucionar el tema que afecta a quienes por obra de la naturaleza o por diagnóstico de la tecnología aplicada, han visto que las zonas privadas se han convertido en zonas de uso público, y zonas de uso público que siendo utilizadas de manera adecuada y para fines lícitos, hoy deben ser destruidas o desalojadas porque así lo dice la ley actual, tal como ocurriría con muchos habitantes de la costa del Pacífico.
Una definición y clarificación desde la nueva Ley de Costas antes que sea aprobada, sobre lo que se debe entender como playa y zonas de bajamar, sus usos y protección, contribuirá enormemente a solucionar un conflicto que todos los días se aumenta y se agrava por las visiones encontradas que tiene a algunas entidades del Estado congestionadas por esa problemática.
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