Lito, como era conocido en el Colegio Británico, en círculos deportivos, de amigos y en el seno de su familia, murió hace un año víctima de una mortal descarga eléctrica con una pistola Taser, accionada por un agente de la policía de Miami Beach. Quienes lo conocimos damos fe que era alegre, extrovertido e inteligente. Sostenía conversaciones con propiedad y defendía sus puntos de vistas con geniales apuntes, que nos sorprendía por su prematura madurez. Aquí destelló por sus triunfos como piloto en las competencias locales y regionales de karting.
Su pecado fue pintar un grafiti en la pared de un McDonald's cerrado en la zona de North Beach y correr cuando fue sorprendido por la policía, que al alcanzarlo y neutralizarlo, procedió a usar injustificadamente un dispositivo de interrupción electromuscular sobre su frágil cuerpo, desencadenando en paro cardíaco, como aparece en el informe del forense del condado Miami- Dade, tal como lo registró la prensa internacional.
En su contra contó ser “un joven latino vestido de sudadera color crema”, como se desprende del audio dado a conocer entre sus captores y el operador de turno, quienes descartaron el ofrecimiento del “perímetro policial” por ser un “delito menor” y estar controlada la situación; sin embargo se utilizó, con toda torpeza, este aparato incapacitante en circunstancias que no revestían amenaza alguna.
Lito destellaba como un talentoso artista en una ciudad que promueve eventos mundiales de arte alternativo. Meses antes de su muerte, el Congreso de los EE.UU. lo había condecorado con ocasión de una competencia de artes denominada “Un descubrimiento artístico”, pero, paradójicamente, por pintar un grafiti, recibió un castigo desproporcionado y sin la previa “Advertencia Miranda”. Fue ejecutado cuando esa leve infracción podía ser remediada de múltiples maneras, salvaguardando su vida e integridad, como derechos amparados en todos los instrumentos internacionales, que Estados Unidos se autoproclama de ser su guardián.
Cuando nuestras autoridades debieran cerrar fila en procura que el evento arroje prontitud en los resultados judiciales para que no quede en la impunidad –así como lo hacen ellos a favor de sus compatriotas cuando son víctimas en Colombia–, se propone el uso de esas armas cuyos efectos letales son inobjetables conforme a la crítica de importantes organismos de derechos humanos, como por ejemplo, el Comité de la ONU Contra la Tortura, que ha reiterado que el uso de esas armas puede ser una forma de tortura.
Los poderes de la fuerza pública en un Estado de Derecho están sometidos a unos límites, restricciones y criterios infranqueables, que hunden sus raíces en indisponibles derechos humanos, que asisten a todos sin distinción alguna, especialmente de raza y nacionalidad, cuyo desbordamiento conllevan sanciones disciplinarias, administrativas y penales, que se esperan después de un año, como demandan los padres de Lito.
ddelvillar@edp.edu.co
